La Gobernadora Lucía Corpacci presentó esta tarde una propuesta para reformar parcialmente la Constitución de la Provincia, y convocó a todos los sectores políticos y a la sociedad en su conjunto, a participar con aportes que enriquezcan la iniciativa. A continuación, el discurso completo que ofreció en la sala mayor del Cine Teatro Catamarca. A continuación su discurso:

“El ordenamiento constitucional es para toda sociedad, el sustento madre de la organización política, institucional, económica, financiera y social. Se trata nada menos que del contrato social, en el cual se establecen las garantías y derechos inherentes a las personas que deciden habitar nuestra tierra, asegurándoles por parte del Estado su vigencia y respeto irrestricto.

En pleno Siglo 21º, la Constitución de la Provincia de Catamarca ha tenido un derrotero de veintiséis años de vigencia, a lo largo de los cuales la sociedad ha sido objeto de cambios vertiginosos y trascendentales.

Es hora, pues, de adecuar nuestra Carta Magna a tales transformaciones sociales, institucionales, económicas, laborales, científicas, tecnológicas y jurídicas, de manera de celebrar un nuevo contrato social que las refleje, pero que, además, y esencialmente, defina un proyecto de Provincia hacia la cual avanzar y en la que todos sus habitantes sean efectivamente cada día más iguales, para poder hacer realidad la Justicia Social que todos anhelamos. Estamos personalmente obligados a realizar un esfuerzo colectivo en la búsqueda de acuerdos, para que, sin mezquindades partidarias, sectarias o individuales, construyamos entre todos el presente y el futuro de la Provincia.

En este orden de ideas, es que he resuelto propiciar desde el Poder Ejecutivo, en ejercicio del cargo de Gobernadora con el que me honrara la ciudadanía, un nuevo sueño que es el de proponer a todos los catamarqueños, sin distinciones, un proyecto de ley que declare la necesidad de la Reforma parcial de la Constitución de la Provincia.

Despojada de todo tipo de intereses, buscamos construir una Provincia profundamente igualitaria, donde no existan privilegios que irritan y horadan la dignidad de la ciudadanía en su conjunto. Una comunidad que nos haga sentir el orgullo de habitarla como protagonistas fundamentales de una sociedad plural y profundamente democrática, que todos tenemos el deber y el derecho de construir. Una comunidad cuya organización política e institucional sea un ejemplo a seguir por parte de las demás provincias argentinas. Donde la administración de los recursos públicos sea puesta al servicio del Bien Común. Una sociedad en la cual la transparencia sea habitual y natural por parte de sus representantes, y la participación ciudadana se encuentre asegurada en los asuntos más importantes del Estado.

Por eso, estos son algunos de los temas que propongo para iniciar el debate:

Resulta ineludible y oportuno rediseñar institucionalmente la organización y funcionamiento de los Poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial, para que los mismos cumplan acabadamente con los requerimientos que el conjunto del Pueblo catamarqueño exige.

Hay dos temas que inexorablemente deben ser debatidos: uno es la transformación del Poder Legislativo en Unicameral, estableciendo un sistema de integración mixto, que contemple la representación de los departamentos de la Provincia y del Pueblo de Catamarca, y consecuentemente, la modificación del procedimiento de formación y sanción de las leyes, en el convencimiento que el nuevo sistema tornará más ágil la aprobación de herramientas legislativas indispensables para la población.

El otro, es el relacionado a la posibilidad de reelección indefinida de quienes gobiernan. Estas cuestiones deben nutrirse de la opinión del conjunto de nuestro pueblo, de sus representantes y organizaciones, de modo que podamos consagrar normas que preserven la democracia, la alternancia y la igualdad de oportunidades y darles rango constitucional.

Otro aspecto es el relacionado con las inmunidades parlamentarias. La actual Constitución consagra la inmunidad de opinión y la de arresto, lo cual consideramos un acierto. Pero para evitar el abuso de estas prerrogativas, proponemos la limitación de las inmunidades parlamentarias y las de aquellos funcionarios públicos sometidos a juicio político, a fines de restablecer su verdadero sentido y alcance, de modo de asegurar el libre ejercicio de la función parlamentaria, y preservarla de presiones o persecuciones por razones políticas, pero dejando claramente establecido que ningún legislador o funcionario se encuentra sustraído de la acción de la justicia penal, cuando sea requerido judicialmente por la presunta comisión de un delito.

Otro tema relacionado con el Poder Legislativo, es la duración del periodo de sesiones ordinarias. Consideramos oportuno que se extienda al menos entre el quince de febrero y hasta el quince de diciembre de cada año.

El ordenamiento constitucional vigente no consagra la sucesión directa del Gobernador por parte del Vice-Gobernador. Proponemos establecer en la norma constitucional la sucesión directa del Vice-Gobernador, en caso de acefalía definitiva del cargo de Gobernador.

El actual artículo 184º de la Constitución Provincial establece como atribución del Poder Ejecutivo, dictar decretos sobre materias legislativas, durante el receso de las Cámaras. Esto ha dado lugar a diversas interpretaciones. Creemos conveniente proponer la modificación de esta norma y consagrar constitucionalmente el instituto de los Decretos de Necesidad y Urgencia, a ser dictados durante el receso parlamentario por el Poder Ejecutivo, sólo en casos extraordinarios, y sobre las materias que deberán ser perfectamente delimitados por la Convención reformadora.

En nuestro ordenamiento constitucional, la atribución conferida al Poder Ejecutivo para el ejercicio del veto parcial, obsta a la posibilidad de promulgación de los demás artículos de la ley que hubiera sido observada en algunos aspectos. Creo necesario modificar la norma, para habilitar la promulgación y publicación de las leyes vetadas parcialmente, cuando las observaciones no alteren la unidad lógica y el sentido de las mismas.

El sistema económico provincial debe tener como finalidad esencial el bienestar de todos los catamarqueños. Es necesario aspirar como Pueblo y Provincia a un progreso institucionalmente tangible, viable y moderno, que tenga como eje el desarrollo y la promoción humana concretado en la mejora de las condiciones de vida de todos y cada uno de sus habitantes.

La burocracia estatal, lenta y complicada, muchas veces desalienta el cumplimiento de las obligaciones ciudadanas y dilata la resolución de los problemas urgentes de la gente. Modernizar el Estado y sus procedimientos internos, y hacerlo más eficiente, es un desafío impostergable. Debe implementarse con claridad y contundencia una carrera administrativa de idoneidad, mérito, profesionalización y concursos hasta el nivel de dirección. Así avanzaremos hacia una Administración Pública que revalorice a quienes trabajan para la comunidad y que puedan sentir –como servidores públicos- que pertenecen a un espacio al servicio de la comunidad toda, esgrimir el orgullo de lo que hacen día a día, y que ese hacer tiene sus frutos, no sólo en lo salarial, sino también en la retroalimentación sana que debe existir entre los organismos públicos, sus agentes y la sociedad toda.

En relación al Poder Judicial, se impone la necesidad de un debate amplio y responsable sobre su organización, que permita avanzar hacia formas modernas de institucionalidad, con la finalidad de introducir la celeridad y rapidez de los procedimientos y decisiones judiciales.

Creemos pertinente propiciar el establecimiento de criterios objetivos para el respeto a la inamovilidad de los Magistrados y funcionarios judiciales, supeditándola a la renovación periódica de sus aptitudes y saberes jurídicos, mediante el sometimiento a concursos públicos de antecedentes y oposición para aspirar a continuar desempeñando tan altas misiones.

Propiciamos la creación de la figura del Defensor General de la Corte, delimitando sus atribuciones y deberes, el que sería titular del Ministerio Público de la Defensa, en tanto que el Procurador General de la Corte quedaría como titular del Ministerio Público Fiscal, resultando conveniente también precisar sus facultades y obligaciones.

También estimamos pertinente avanzar hacia la organización e implementación del fuero Contencioso-Administrativo con tribunales que integren un Fuero especializado en la materia.

En cuanto al sistema de acceso al empleo en el Poder Judicial, proponemos consagrar constitucionalmente el ingreso igualitario, mediante la implementación obligatoria de concursos públicos abiertos de antecedentes y oposición.

Y en aras de la igualdad ante la ley, proponemos equiparar el requisito de antigüedad entre quienes ya desempeñan funciones judiciales y los abogados que ejercen su profesión.

Por su parte, la transformación de la Policía Judicial es un desafío que se impone para satisfacer la demanda de justicia y asegurar la rapidez y eficacia en el resultado de las investigaciones penales. También estimamos fundamental dotar de jerarquía constitucional al Consejo de la Magristratura, cuya integración, atribuciones y deberes se propicia sean incluidos en la norma constitucional a

La necesidad de transparencia en el manejo de las cuestiones y los recursos públicos, es un reclamo y anhelo de la ciudadanía. Al igual que las garantías en lo que hace al respeto de los derechos constitucionales de todos los habitantes, para sustraerlos de eventuales abusos por parte de quienes integran los poderes públicos. La única forma de garantizarla con efectividad es mediante la profundización de los institutos para la defensa de los derechos de las personas, de usuarios y consumidores, con la implementación con jerarquía constitucional de la figura del Defensor del Pueblo de la Provincia. Y en lo atinente a los sistemas de control referidos a la administración e inversión de los fondos públicos, la creación de la Oficina Anticorrupción, la Sindicatura General de la Provincia, con atribuciones de control interno, y la Auditoría General de la Provincia a fines del control externo.

Continuando con la necesidad de vigencia y respeto irrestricto de los derechos humanos y ciudadanos, y en virtud de los avances normativos consagrados por la comunidad internacional y en el orden nacional, estimo oportuno proponer a la comunidad, la incorporación con rango constitucional, de un mecanismo local para la Prevención de la Tortura, Tratos Crueles, Inhumanos o Degradantes en lugares de detención o de alojamiento de personas, con atribuciones de visita, supervisión de establecimientos, y entrevistas reservadas con las personas detenidas o alojadas en los mismos, a fines de elaborar recomendaciones a los tres Poderes del Estado vinculadas con las condiciones de detención o alojamiento y la posible conculcación, restricción o vulneración de los derechos humanos.

En el mismo sentido, en el nuevo diseño constitucional debería insertarse el Observatorio de los Derechos Humanos, cuyo objetivo constituirá el resguardo, preservación y protección de los derechos fundamentales del hombre desde su concepción, en un todo de acuerdo a la Constitución Nacional vigente, que incorporó los Tratados Internacionales que le dan protección. Y también, el reconocimiento constitucional de la preexistencia de los pueblos originarios y de la identidad cultural de sus comunidades de conformidad a sus tradiciones ancestrales.

En la misma materia, y en virtud de la ampliación de los derechos electorales nacionales al segmento etario comprendido entre los 16 y 17 años, creemos oportuno consagrar constitucionalmente el derecho al sufragio de los jóvenes a partir de los 16 años y con carácter optativo.

Los procesos electorales, en el régimen actual, han motivado situaciones de incertidumbre en orden a la fecha que se fijará para la celebración de los comicios provinciales. Por ello, estimamos imprescindible la adecuación de la norma constitucional, para establecer una fecha única de realización de las elecciones generales, dotando de certeza electoral a todo el proceso y facilitando, con la antelación necesaria, la vida interna de los partidos políticos.

En lo atinente al Régimen Municipal, la revisión de todo el capítulo referido a los municipios, para plasmar normas constitucionales mínimas que garanticen condiciones igualitarias de organización, de división de las funciones de gobierno, descentralización de los servicios y de modernización del sistema.

Por último, se impone con urgencia la transformación del Régimen Cultural y Educacional, porque las garantías mínimas de acceso al sistema educativo, en el actual régimen, alcanzan solamente al nivel primario y a una parte del secundario. Estoy convencida que la educación es un derecho de todos nuestros niños y jóvenes, y por ello, debe extenderse la obligatoriedad en la educación desde el nivel inicial y hasta completar el ciclo secundario. Asimismo, y considerando a la educación como un derecho de todos, entiendo que el Estado debe garantizar otras formas no convencionales de enseñanza, como la educación rural, la educación en contexto de encierro, la educación hospitalaria y la educación a distancia, a cuya consagración constitucional aspiramos.

La carrera docente en el sistema actual difiere, según que los maestros o profesores presten servicios en escuelas públicas de gestión estatal o en colegios de gestión privada. Propendemos establecer constitucionalmente la equiparación de los derechos de todos los docentes, en la totalidad de los niveles educativos, cualquiera sea la naturaleza de la escuela en la que trabajan.

Anhelamos que quienes tengan a su cargo la altísima misión de representar a los catamarqueños en el debate y sanción de la nueva Constitución, realicen su aporte desde la conciencia moral y la ética de la responsabilidad que implican sintetizar en un cuerpo constitucional, los avances en la ampliación de derechos y en la organización institucional. Que ser convencional constituyente signifique un cargo honorífico y comprometido con el Bien Común. Que logren acordar coincidencias básicas para la consecución de los objetivos generales y prioritarios de la comunidad.

Este es el desafío al que aspiro que, todos juntos, podamos emprender. Porque la construcción de una sociedad verdaderamente justa y solidaria, donde la igualdad ante la ley no sea meramente declarativa, requiere y supone el compromiso y el involucramiento de toda la ciudadanía.

Desde el respeto a la pluralidad de voces y a las diferentes ideologías, con profundo reconocimiento al derecho a la diversidad y al disenso, con humildad de espíritu, pero con firmeza en mis convicciones, vengo a propiciar este debate de ideas para procurar alcanzar los consensos mínimos necesarios que hagan posible la celebración de un nuevo contrato social.

A tal fin delego en el Ministerio de Gobierno la tarea de conformar una comisión plural encargada de receptar las inquietudes, opiniones o propuestas que enriquezcan el proyecto definitivo que será enviado a las cámaras para su tratamiento.

Aspiro a que la ciudadanía entera participe, aspiro que los legisladores del oficialismo y la oposición participen, aspiro que los colegios profesionales participen. Aspiro que los industriales, los trabajadores los gremialistas los representantes de las organizaciones sociales, que la sociedad entera se sume a este debate, para enriquecerlo, para mejorarlo, para pulirlo, porque no me llama ningún otro interés más que lograr que lograr un Reforma Constitucional que nos incluya a todos los catamarqueños”.