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CatamarcaValle Central

No hubo delito en las contrataciones del Poncho 2017

El Tribunal de Cuentas de Catamarca inició una auditoría tras las denuncias públicas por supuestas irregularidades en las contrataciones de los ranchos.

Luego de una fuerte polémica que incluso llegó a la Legislatura provincial, una investigación del Tribunal de Cuentas determinó que no hubo irregularidades en las contrataciones de los quinchos de la Fiesta Nacional e Internacional del Poncho del año pasado. El trabajo consistió en un sumario administrativo que se inició luego de que el abogado Lucio Montero denunciara “las gravísimas irregularidades y la comisión de delitos en la adjudicación de espacios comerciales para la Fiesta Nacional del Poncho”.

El trabajo es una auditoría específica que formó parte de una investigación mayor que se inició mediante la resolución TC Nº564 y fue realizado en base a la información contable de la Secretaría de Cultura de la Provincia por el área de Sumarios del organismo de contralor. Ahora el pleno del Tribunal deberá emitir un dictamen para decidir si archiva o no la causa.

Según señala el trabajo, “de acuerdo con los procedimientos realizados, a efectos de verificar la asignación y contrataciones de kioscos, ranchos, bares, espacios públicos y playas de estacionamiento, ejecutados por la Secretaría de Estado de Cultura, se concluye que dichas asignaciones y contrataciones, se han llevado a cabo dentro de la normativa vigente y autorizaciones especiales establecidas por la realización de la Fiesta Nacional e Internacional del Poncho, atento a que no se han detectado irregularidades”.

No obstante, el sumario solicita realizar un “análisis completo de la contratación del artista Néstor Garnica (rancho Nº09)”. Justo este rancho era uno de los negocios denunciados por Montero, quien había manifestado que no había pagado nada. Un informe posterior corroboró que el alquiler del rancho de Garnica se pagó con la actuación del artista en el escenario mayor.

Polémica y denuncia

La polémica por las contrataciones en el Poncho comenzó con las quejas de los rancheros por la mala organización y distribución de los puestos. En ese sentido, cuestionaban la aparición de los food trucks y la entrega de ranchos a personas que no habrían participado de las licitaciones.

Posteriormente, el abogado Montero publicó una carta al director, donde denunciaba públicamente la comisión de delitos por parte de la Secretaría de Estado de Cultura.

“Se contrataron camiones Food Truck, entre gallos y medianoche, sin efectuar llamado de licitación haciendo negocios únicamente entre amigos; se cedieron ranchos a personas elegidas a dedo sin efectuar ningún tipo de licitación, también cerrando el negocio para favorecer a los amigos; se licitaron seis kioscos que eran los que figuraban en el anexo “A” del Pliego de Condiciones Particulares pero, en el momento de la oferta, solamente se pudo ofertar por cinco kioscos, ya que uno de ellos había sido “cedido” a otro amigo, también a dedo, sin ninguna posibilidad de ofertar por el mismo a pesar de encontrarse incluido dentro del Pliego de Condiciones Particulares”, advirtió el letrado en su misiva.
Las denuncias del abogado y de los comerciantes llegaron a la Cámara de Diputados de la provincia. En ese sentido, el diputado macrista Carlos Molina (FCS-Cambiemos) había realizado un pedido de informes a las Secretarías de Cultura y de Turismo y al Ministerio de Producción.

La iniciativa solicitaba conocer los mecanismos administrativos utilizados para la concesión de espacios y/o puestos de venta (puestos de comida, stand artesanales, playa de estacionamiento y otros), “acompañados de la documentación respaldatoria que avale dichos procedimientos administrativos, pliegos de bases y condiciones generales y particulares, contratos de adjudicación”, mientras que también solicitaba conocer sobre las autoridades de la comisión de evaluación de dichos procedimientos.

Así también, solicitó que se dé a conocer los ingresos que significaron la concesión de cada uno de los espacios comerciales y de cada uno de los beneficiados con dichas concesiones.

El proyecto de Molina no fue único, su par Paola Bazán también había elevado una iniciativa vinculada al cumplimiento de la ley de Compre y Contrate Catamarqueño en la fiesta.

Tres meses después, la secretaria de Estado de Cultura, María Jimena Moreno, presentó en la Cámara de Diputados la documentación correspondiente sobre los gastos e ingresos que demandó la realización de la última edición de la Fiesta Nacional e Internacional del Poncho.

 

Fuente: El Ancasti