La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) le recordó al presidente Andrés Manuel López Obrador que respete la Constitución y sus leyes, además de que se retracte del memorándum en materia educativa que envió el viernes.

En el posicionamiento la Comisión ratificó que la educación es un derecho humano reconocido por la Constitución y varias organizaciones internacionales, por lo cual es obligación del Estado mexicano respetar ese derecho y certificar la educación de calidad.

Señaló la organización que, a pesar de tener diferencia con partidos políticos o ideologías, es obligación del Estado cumplir con la ley, dando certidumbre sobre los términos y condiciones que se hará vigente y ser exigible.

La instrucción va desde dejar de aplicar los contenidos constitucionales y trabajar en los diversos aspectos y cuestiones vinculadas a la educación previstos por la Constitución y normas.

“Esa situación genera el riesgo de vulneraciones mayores a los derechos de niñas, niños y adolescentes, además de que las autoridades actuarían al margen o fuera de las normas, dejando sin efecto garantías institucionales y propiciando actuaciones discrecionales”, destacó en un comunicado.

En otro de los puntos la CNDH se refiere a que se llegará a debilitar el Estado de Derecho si se desconoce, si se incumple o se deja de aplicar la ley, asumiendo que los derechos humanos:

“Solo pueden ser vigentes en un entorno de legalidad, donde se respeten las atribuciones y funciones constitucionalmente concedidas a autoridades y poderes, con el fin de que la ley no sea objeto de negociación política”.

De igual forma, la CNDH reiteró que en caso de que el marco normativo vigente en materia educativa no sea el adecuado, deberá de ser enviado al poder revisor de la Constitución o al Poder Legislativo para que añadan las correcciones.

Cabe destacar que en el comunicado de la CNDH recuerda que hay instancias encargadas de la administración “e impartición de justicia, a las cuales corresponderá decidir, en definitiva, sobre la legalidad, justicia de normas, hechos y casos que se pongan a su conocimiento”, declaró el organismo.

“La ley, la educación y la vigencia de los demás derechos humanos, no puede ser botín o moneda de cambio ante intereses políticos, económicos o de cualquier otra índole”, así finaliza el boletín.