¿Esta vez será la vencida? El Gobierno hará un nuevo intento para la aprobación de una Ley Nacional de Alquileres. El año pasado, un proyecto que contaba con media sanción del Senado no llegó a debatirse en Diputados y perdió su estado parlamentario. Ahora, la Secretaría de la Vivienda, encabezada por el secretario Iván Kerr, busca consensuar con las asociaciones de inquilinos y de las cámaras inmobiliarias una nueva legislación.

Este mediodía, los funcionarios de la secretaría de Vivienda y el diputado Daniel Lipovetzky se reunirán con distintas asociaciones de inquilinos y del sector inmobiliario para conocer su opinión sobre el nuevo proyecto. Los puntos que generan más discusión son el pago de las comisiones —que quedarían a cargo solo de los propietarios— y el plazos mínimos de los contratos, que aun no está claro si será de dos o tres años.

“Vamos a la reunión pero con pocas expectativas porque el proyecto del Gobierno parece redactado por el mercado inmobiliario”, explicó Gervasio Múñoz, de la asociación porteña Inquilinos Agrupados. Esta agrupación apoyo otro proyecto que acaba de ser presentado en el Congreso por la senadora Silvina García Larraburu.

Sin embargo, desde las cámaras inmobiliarias tampoco parecen estar del todo convencidos con el nuevo proyecto. “La ley debe ser consensuada con todos los actores. Hay muchas cosas que tenemos que discutir. La modalidad de actualización de los valores puede ser un punto de encuentro, pero con el tema de los honorarios profesionales no estamos de acuerdo porque nosotros representamos a la dos partes. Más allá de crear una nueva ley habría que reformar la que ya está con el tema de las actualizaciones”, indicó Alejandro Bennazar, titular de la Cámara Inmobiliaria Argentina (CIA).

Aquí los principales detalles del nuevo proyecto que presentará el Gobierno:

Para el caso de inmuebles que se alquilan como vivienda, de acuerdo a la propuesta del Gobierno, no podrá exigirse al locatario (inquilino) el pago de comisión, gastos de publicación o certificación de firmas.

Actualización del valor de los alquileres

Según el borrador del nuevo proyecto, se podrán realizar ajustes semestrales al precio del alquiler basados en un índice formado en partes iguales por el índice de precios al consumidor (IPC) y el coeficiente de variación salarial (CVS) elaborado por el Indec.

Esta actualización se podrá aplicar a las cuotas menores al equivalente a 1000 UVAs (unos $35.000) o el límite que establezca cada provincia o la ciudad de Buenos Aires mediante una ley especial.

El inquilino puede proponer al locatario al menos dos de las siguientes garantías: garantía real, aval bancario, seguro de caución, garantía de fianza y garantía personal del locatario o del fiador (que se documentará con recibo de sueldo o certificado de ingresos). El locador deberá aceptar una de las garantías propuestas por el locatario.

Si el destino es habitacional, no puede requerirse al locatario el pago de alquileres anticipados por períodos mayores a un mes ni depósitos de garantía mayor al importe equivalente al primer mes de alquiler.

Además, el depósito en garantía debe ser devuelto al momento de la restitución del inmueble, actualizado mediante el mismo procedimiento de ajuste utilizado durante el trascurso del contrato.

Según el proyecto, solo estarán a cargo del locatario aquellas expensas que deriven de gastos habituales —servicios normales y permanentes— “independientemente de que sean considerados como expensas ordinarias o extraordinarias”.

El Poder Ejecutivo Nacional, a través de la Secretaría de Vivienda, deberá promover la creación de un programa para apoyar a quienes tengan dificultades en acceder a una vivienda en alquiler, teniendo especial consideración con las personas que se encuentren en “situación de violencia de género”.

La secretaría podrá disponer la creación de un seguro que cubra la falta de pago de alquileres, el pago de indemnizaciones por daños o ocupación indebida del inmueble.

Métodos alternativos de resolución de conflictos

A través del área competente del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, en forma concertada con las provincias y la ciudad de Buenos Aires, se fomentará el desarrollo de ámbitos de mediación gratuita o de bajo costo para la resolución de conflictos derivados de la relación locativa.

El sector inmobiliario acaba de conformar la mesa de la Comisión de la Industria del Mercado Inmobiliario Argentino, donde además de las cámaras del sector participa la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME) y entidades de inquilinos como Asociación en Defensa de Inquilinos (ADI). Una de sus propuestas es contar con un sistema de arbitraje voluntario para la resolución de conflictos entre propietarios e inquilinos.