Posible caso de coecho

El ministro de Gobierno, Justicia y Derechos Humanos, Jorge Moreno se refirió en medios locales y nacionales al proceso judicial contra dos jueces catamarqueños a partir de un video -con una cámara oculta- que se hizo viral en al que se ve los miembros de la Cámara de Apelaciones Juan Pablo Morales y Raúl Da Pra, mientras podrían estar cobrando unos 820 mil pesos para rechazar un pedido de prisión preventiva en contra de un detenido.

“Una profunda preocupación nos ha causado esta situación, creo que el video y el diálogo se traduce y habla por sí solo. Nuestra preocupación es porque se trata de uno de los poderes del estado que trata un servicio esencial como es la administración de Justicia, un servicio tan sensible para cualquier ciudadano”, señaló el ministro de la cartera política.

“Quiero rescatar en esta ocasión la rápida actuación de la Presidenta de la Corte de Justicia que ha convocado rápidamente al tribunal del Jury de Enjuiciamiento y también por otro lado de oficio ha actuado el fiscal de Delitos Especiales, Facundo Barros, quien entiendo que hoy con una pieza de requisitoria y con una acusación (por “coecho pasivo agravado”), que ha elevado al juez de turno”.

El ministro destacó que “están funcionando las dos vías que deben funcionar en estos casos para juzgar las conductas y los presuntos hechos delictivos que se ven en el video”.

Moreno, aseguró que el contenido del video “afecta la vida institucional de la provincia, del Poder Judicial, por eso yo celebro que hayan actuado rápidamente, y es lo que estamos visualizando nosotros desde otro Poder, atentos a que las cosas se desarrollen por los cauces jurídicos que se deben desarrollar”.

Analizó en diálogo con Pulso Legislativo, TN y C5N, que “impacta, como todo video, como toda imagen; impactó muy fuerte no sólo como gobierno, sino como ciudadanos comunes porque es bastante impactante; por eso reitero que celebro que los caminos institucionales están funcionando y que se expidan prontamente”.

Además, explicó que a través de la Fiscalia de Estado “hemos pedido ser parte querellante”, pero ante el rechazo que el Estado se constituya en ese rol, el ministro analizó que “son criterios judiciales y vamos a ser absolutamente respetuosos de las decisiones que se está tomando en el ámbito de la Justicia”.

Finalmente reiteró: “Estamos todos atentos que esto se resuelva y que se resuelva rápidamente”.