Regresó de Estados Unidos, no cumplió con la cuarentena, y contagió a varios invitados, entre ellos su abuelo que murió. Sería condenado a 5 años de prisión.
La Cámara Federal de San Martín confirmó hoy el procesamiento y embargo por 50 millones de pesos para el joven que, en marzo pasado, fue a una fiesta de 15 años en la localidad bonaerense de Moreno tras haber llegado de Estados Unidos, y contagió de coronavirus Covid-19 a varios invitados, entre ellos su abuelo que luego murió por causa de la enfermedad.
Se trata de Eric Torales, quien quedó camino a ser enviado a juicio oral acusado de propagar una enfermedad “peligrosa y contagiosa de modo culposo, agravado por el resultado de enfermedad y muerte”, según el fallo del Tribunal de Apelaciones.
Los camaristas remarcaron que Torales tuvo una actitud “imprudente y negligente” el 14 de marzo último cuando fue a la fiesta de 15 de su prima en el salón “Alma de Hornero” en Moreno, donde hubo cien invitados más el personal que trabajó en el lugar.
El joven violó la disposición que regía en ese momento de “aislamiento obligatorio” dispuesta por el Poder Ejecutivo a través del decreto 260/2020 que imponía un confinamiento de 15 días a todos los viajeros llegados desde el exterior para “evitar la introducción y/o propagación de la pandemia Covid 19”.
Torales había vuelto de vacaciones desde Estados Unidos y “estaba comprendido dentro de esa prohibición”, remarcó la Cámara. “Generó las circunstancias adecuadas para poner en riesgo la salud pública”, concluyeron los camaristas sobre el acusado, quien estuvo internado y ahora permanece en libertad.
Dos días después de la fiesta Torales dio positivo para coronavirus.
La justicia consideró que el actuar de Torales fue culposo y no doloso, no hubo una intención de contagiar. Ello lo deja en mejor situación de cara al juicio oral, ya que la pena en caso de resultar condenado es significativamente menor (5 años de máximo para obrar culposo, cuando la figura dolosa tiene una pena de hasta 15 años).
“Ha de tenerse en cuenta que en el momento en que ocurrió el hecho imputado, las medidas y esfuerzos gubernamentales estaban centrados en mitigar la propagación e impacto sanitario del virus -que ya estaba disperso en otras regiones de varios continentes-, de allí las disposiciones restrictivas en relación con quienes ingresaban al país”, recordaron los jueces.
El riesgo “era conocido por el imputado, no sólo por la difusión pública de la situación a nivel mundial, sino porque también implicaba un protocolo distinto al momento de su arribo al país”, que incluyó completar una declaración jurada en el aeropuerto de Ezeiza.
Los jueces Juan Pablo Salas, Marcelo Fernández y Marcos Morán confirmaron el procesamiento y el embargo, fijado para cumplir con eventuales demandas civiles que puedan presentar asistentes al evento.
La defensa del joven argumentó que desconocía por completo ser portador del virus, que no tenía síntomas y aludió a la “posibilidad de que hubiera otros focos de contagio en el mismo evento”, algo que la Cámara descartó.
