La Cámara de Diputados, que preside Fernando Jalil, aprobó un proyecto de ley, iniciativa del diputado Marcelo Murua. Se trata de la modificación del artículo 1º de la Ley Nº 5.210, en relación a la expropiación de inmuebles ubicados en la localidad de San Isidro, en el departamento Valle Viejo.

La modificación tiene como propósito solucionar “pacíficamente”, de acuerdo señala en la fundamentación Murúa, el conflicto generado por la iniciación tardía del juicio de expropiación por parte del Estado Provincial, como consecuencia del dictado de la mencionada ley, el 27 junio 2007.

La misma declara de utilidad pública y sujeto a expropiación a tres inmuebles de la localidad de San Isidro, con el propósito de ser destinados a la construcción de un campo deportivo, un taller de huerta y una granja para la Escuela Especial N° 7 “San Francisco de Asís”, de dicha localidad.

Habiendo vencido los términos que fija la Ley Provincial de Expropiaciones para el cumplimiento de los propósitos expresados en la Ley N° 5210 y no habiendo quedado perfeccionada la expropiación para el inmueble M.C. N° 16-25-07-3372; resulta conveniente modificar los alcances de este último instrumento legal, excluyendo dicho inmueble con el objeto de poner fin a este conflicto que ante el estado de situación actual, no puede avanzar más el Estado Provincial y mantiene cautivo un inmueble cuya plena posesión es ejercida por su titular dominial, Pablo Cejas, reconocido en tal carácter por los organismos técnicos correspondientes”, relata Murúa en la fundamentación. .

Por último sostuvo que la modificatoria que se propicia es el camino que corresponde y que preserva a los otros dos inmuebles expropiados cuya plena posesión ejerce la Escuela Especial N° 7, y “es la forma de zanjar definitivamente la situación en virtud de que en el inmueble en cuestión se encuentra edificada la vivienda única de la Familia Cejas, y el propósito de la expropiación originariamente era la construcción de una huerta”.

El diputado Jorge Sosa felicitó al autor del proyecto se trata de “un acto de estricta justicia para una familia joven, humilde, y trabajadora, que adquirió un inmueble de buena fé”.

Señaló que se escuchó a esta familia y que la situación fue analizada por la comisión y llevará tranquilidad a la misma. “Se enderezará una cuestión jurídica que se debe al incumplimiento estatal”, dijo el legislador. En el mismo sentido, se expresaron los diputados Genaro Contreras, Humberto Valdez y Horacio Sierralta, quien bregó para que la ley tenga sanción definitiva en el Senado.