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La jueza de la Corte Nacional de Justicia de la República del Ecuador, Daniella Camacho Herold, decidió este jueves dar lugar a la medida cautelar de la Fiscalía General y ordenar la prisión preventiva de Rafael Correa, expresidente durante el período 2007-2017.

La orden se dictó por la causa que investiga supuestos casos de corrupción y de financiación irregular de las campañas electorales que catapultaron al exlíder del partido Alianza País a la presidencia de la república. Son presuntos aportes ilegales de empresas contratistas nacionales e internacionales, como Odebrecht, a través de pagos en efectivo y de facturas cruzadas, para luego obtener la adjudicación en contratos de obra pública.

La causa también abarca a otros miembros del gobierno de Correa, como el exvicepresidente Jorge Glas, que se encuentra en prisión cumpliendo una condena por asociación ilícita. También están acusados los exministros Vinicio Alvarado, Walter Solíz y otros 20 funcionarios.

Correa, quien fue un socio ideológico y estratégico de los gobiernos de Cristina Fernández, Lula da Silva y Hugo Chávez, tildó a la orden judicial como una “gran farsa” y criticó una supuesta “persecución política” por parte de la Justicia de su país.

Desde la Justicia ecuatoriana también se solicitó a la Interpol la detención de los acusados. La organización podría denegar el pedido tal como lo hizo en diciembre de 2018, cuando se dictó la prisión preventiva de Correa por el presunto delito de secuestro. En aquella oportunidad, Interpol rechazó la solicitud “tras examinar los elementos concernientes”, aunque no aclaró los detalles de la decisión.