El Parque Nacional Calilegua fue creado en el año 1979 con el fin de preservar un área representativa de la selva tucumano-oranense, también conocidas como “yungas”. Este ambiente constituye hoy una de las regiones de mayor biodiversidad de todo el país junto con la selva paranaense de Misiones.
Calilegua es el único parque nacional de la provincia de Jujuy y todo su territorio, que excede las 76 mil hectáreas, fue donado por la empresa Ledesma en 1979. Su singular volumen lo convirtió en el área protegida más grande de la Argentina dedicada a la conservación de las selvas tropicales de montaña.
Cuando se lo atraviesa se pueden identificar sus tres ambientes bien diferenciados: la selva pedemontana, la selva montana y el bosque montano. Cada uno de ellos contiene una vegetación característica y una cantidad importante de aves y mamíferos. El sitio es óptimo para la observación de fauna ya que se han relevado allí unas 270 especies de aves. Esto convierte a Calilegua en el hogar de la mitad de los pájaros que habitan nuestro país. Allí vive, entre otros, el tucán, un ave que pasa la mayor parte del tiempo en las copas de los árboles y que como tantos otros animales que habitan estas selvas, también se encuentra en peligro de extinción.
En cuanto a los mamíferos hay que destacar la presencia del mayor predador de América, el yaguareté, por estos días en grave peligro de extinción. También habitan el yaguarundí, el ocelote, el gato del pajonal, el puma y el tapir, o anta, es decir el más grande mamífero oriundo de Sudamérica.
Para Matías Carpinetto, que es guardaparques, otra gran misión del Parque es nada menos que el agua: “Una de las funciones principales de la reserva es proteger todas las cuencas hídricas. El agua que se “produce” en este territorio sale y abastece para su consumo todas las poblaciones locales y para toda la actividad agropecuaria que se da en casi un millón de hectáreas de una región”, señala.
La estrategia actual de conservación del Parque Nacional Calilegua es producto de la historia misma del país. Yaiza Reid, es española desde 2012 es la responsable de la Oficina de Jujuy de ProYungas, una organización que nació con el objetivo de vincular la información científica con la toma de decisiones de los poderes estatales. Para esta especialista en temas ambientales “Argentina que emergió de la crisis del 2001 enfrentó varios conflictos, entre ellos el provocado por el aumento inesperado de los commodities. Esa disrupción provocó un vertiginoso avance de la frontera agropecuaria en casi todo el territorio nacional” advierte.
En los “bordes” del país, en regiones hasta ese momento poco explotadas, comenzaron a aparecer cientos de topadoras arrancando bosques nativos enteros y cediéndoselos a cientos de sembradoras y cosechadoras que danzaban en torno al formidable nuevo agronegocio salvador: la soja. Esto tuvo un impacto ambiental ante el que muchos reaccionaron.
De repente, según Reid, una empresa dueña de una enorme cantidad de tierras se encontró con la novedad de que para desmontar bosques situados en tierras de su propiedad debía solicitar una “autorización”, que en los 70 años anteriores hubiesen sido inimaginables.
La sociedad había cambiado. El Estado, en coordinación con empresas como Ledesma u organizaciones como ProYungas tendrían que debatir. Ya no era posible producir generando daño ambiental como había ocurrido en las décadas anteriores. La crisis abrió un gran debate muchas personas comenzaron a creer que lo ambiental se había convertido en una variable irrenunciable.
Nació una política basada en el aporte de acciones innovadoras enmarcadas en una estrategia regional de conservación. A través del trabajo conjunto, se comenzaron a fortalecer vínculos entre actores sociales involucrados en la problemática ambiental de toda la ecorregión. Se diseñaron tácticas institucionales basadas en la fuerte vinculación entre los privados, básicamente del sector energético y forestal, con organismos gubernamentales de nivel nacional, provincial y municipal e instituciones no gubernamentales.
Curiosamente, en Jujuy, eso motivó un proceso de ordenamiento territorial que luego a nivel nacional se verificó en la Ley de Bosques. El resultado fue que unas 150 mil hectáreas de yungas pasaron a estar protegidas.
En Calilegua fue posible. Lo que allí ocurrió debería replicarse en todo el país. Y persistir en el tiempo, obviamente.
