El fiscal Picardi solicitó varias medidas, en el marco de la investigación para determinar si el ex presidente y sus funcionarios beneficiaron a empresarios y realizaron negociaciones incompatibles con la función pública.

En el marco de una investigación para determinar supuestos negociados con el sector energético, el fiscal Franco Picardi solicitó este lunes las declaraciones juradas del ex presidente Mauricio Macri, y los ex funcionarios Juan José Aranguren, Nicolás Caputo y Marcos Marcelo Mindlin.

Se trata de una batería de medidas pedidas por Picardi, que también requirió el levantamiento del secreto fiscal y bursátil de los imputados, “a los fines de profundizar la investigación que viene desarrollando”.

El fiscal solicitó informes la Caja de Valores sobre movimientos de personas relacionadas a las empresas Edenor, Pampa Energía, Transportadora de Gas del Norte, Transportadora de Gas del Sur, Central Puerto, y Transener, entre otras.

Se trata de una causa en la que se investigó originalmente si el incremento tarifario implicó un fraude al Estado o bien supuesto pago de sobornos a funcionarios públicos para que dieran el aval en los aumentos. En el caso se denunciaron varios delitos, negociaciones incompatibles con la función pública, abuso de autoridad, cohecho, entre otras figuras.

En un pedido efectuado en una causa que le delegó el juez Sebastián Casanelllo, el fiscal Picardi solicitó que la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) remita, en soporte digital, por el periodo diciembre 2015 a diciembre 2017: a)” un informe tendiente a determinar la evolución patrimonial y financiera respecto de Juan José Aranguren, Nicolás Martín Caputo, y Marcos Marcelo Mindlin y un informe tendiente a determinar las relaciones comerciales de todo tipo relacionadas a las firmas “Construcciones Electromecánicas del Oeste S.A” (CUIT 30-61199512-8) y “Patagonia Energía S.A”.

Pide además que la Oficina Anticorrupción remita copia autenticada de las declaraciones juradas (anexo público y reservado) presentadas ante ese organismo en los años 2015, 2016 y 2017 (alta, rectificativa -si la hubiere-, anual y baja) por Mauricio Macri, Juan José Aranguren, y Nicolás Martín Caputo.

La causa, originalmente iniciada por irregularidades en la suba de tarifas, luego se proyecto sobre otros actos de gobierno vinculados al sector energético y que se traducen en beneficios para empresas del sector que pertenecen por ejemplo a Joseph Lewis, empresario inglés amigo del Presidente de la Nación.