El pedido fue realizado por el defensor del policía Ricardo Varela, quien considera que ante la pena que prevé el delito de tortura seguida de muerte y privación ilegítima de la libertad se debe suspender el juicio que se realiza.
Según argumenta, el tribunal tiene que declinar su competencia en razón de lo que fija la ley 5.719 por lo cual los imputados deben ser juzgados por un jurado popular.
