Del Arco señaló que “no se realizan los pagos de impuestos resultantes de sus operaciones en las provincias, ni se proporciona una oficina para atender reclamaciones tanto de clientes como de trabajadores”.
El proyecto establece requisitos para los vehículos que prestan este servicio, incluyendo la obligación de contar con seguro de seguridad, de vida, de responsabilidad civil, inspecciones técnicas adecuadas al servicio prestado y conductores con licencia profesional y autorización de la entidad competente, entre otros aspectos.
Esta iniciativa es parte del trabajo conjunto entre el Poder Ejecutivo, diputados y senadores del Frente de Todos, en respuesta a las demandas planteadas por trabajadores del sector de taxis y remises.
