La defensa del exjefe de Gabinete busca suspender o extender el plazo que vence este miércoles 26 de agosto para presentar documentación y explicar los movimientos patrimoniales observados por el fiscal Gerardo Pollicita.
Manuel Adorni quedó nuevamente bajo la lupa de la Justicia en una causa por presunto enriquecimiento ilícito. El fiscal federal Gerardo Pollicita le formuló un requerimiento con 20 preguntas para que explique distintas inconsistencias detectadas en la evolución de su patrimonio y el de su esposa, Bettina Angeletti.
El pedido de la defensa está relacionado con la necesidad de acceder a documentación incorporada al expediente antes de responder. Entre los elementos que busca consultar se encuentran datos vinculados con el teléfono del contratista Matías Tabar, quien realizó obras en la vivienda que la familia tiene en el country Indio Cuá. La Justicia todavía debe resolver ese planteo.
El requerimiento fue presentado el 10 de agosto y el plazo de 15 días vence este miércoles. La Fiscalía busca determinar si las diferencias detectadas pueden ser justificadas mediante ingresos lícitos y documentación suficiente. Para eso, se reconstruyeron bienes, ingresos, gastos, inversiones, deudas y movimientos financieros desde el 14 de diciembre de 2023.
Uno de los principales puntos bajo análisis es el desbalance entre ingresos y gastos. Según la reconstrucción fiscal, Adorni y Angeletti registraron ingresos por $229.752.283,20, mientras que los gastos durante el mismo período llegaron a $272.820.832,20, una diferencia de $43.068.549. Además, aparecen operaciones y desembolsos por US$402.578,12 que, según la Fiscalía, todavía no encuentran suficiente correlato con los ingresos lícitos comprobados.
Entre las explicaciones requeridas aparecen el origen de dólares declarados en efectivo, dos préstamos recibidos de familiares y la compra de una camioneta Jeep. También deberá justificar la adquisición del lote 380 del Country Indio Cuá y el origen de los fondos utilizados para la remodelación de la vivienda, por la que el contratista declaró haber recibido US$245.000.
La Fiscalía también pidió precisiones sobre el departamento ubicado en Miró 550, en Caballito, incluido el origen de los fondos utilizados para su compra y para las reformas y el equipamiento. A esto se suman gastos en efectivo vinculados con viajes, alquileres, expensas y cuotas escolares, además de bienes atribuidos a herencias, legados o donaciones.
Compras con tarjetas de terceros
Otro eje de las preguntas está relacionado con compras realizadas mediante tarjetas de terceros, movimientos bancarios y operaciones que no pudieron ser conciliadas con cuentas o medios de pago registrados. La Fiscalía detectó además 20 comprobantes informados ante ARCA por más de $6 millones y 16 facturas por más de $2 millones cuyos pagos deberán ser explicados.
Las operaciones con criptomonedas también forman parte del requerimiento. Adorni había declarado que contaba con unos US$200.000 ahorrados antes de ingresar a la función pública y que los utilizó para comprar Bitcoin, operación de la que habría obtenido una ganancia posterior de unos US$300.000. El fiscal busca conocer el detalle de esas operaciones y, especialmente, el origen del capital inicial.
Facturaciones y acreditaciones no salariales
La investigación también detectó una facturación superior a $4 millones emitida en 2026 a nombre de Angeletti por una concesionaria automotriz y acreditaciones no salariales en la cuenta sueldo de Adorni en el Banco Nación. Ambos puntos deberán ser explicados por la defensa.
Una vez que la defensa presente la documentación y las explicaciones correspondientes, Pollicita deberá evaluar si las inconsistencias fueron justificadas o si corresponde avanzar con nuevas medidas. Entre las posibilidades aparece una eventual declaración indagatoria, aunque por el momento esa instancia no fue dispuesta. La decisión sobre la prórroga o suspensión del requerimiento será ahora uno de los próximos pasos de la investigación.
