Los diputados nacionales por Mendoza Pamela Verasay y Lisandro Nieri, de la Unión Cívica Radical, presentaron un proyecto de ley que propone modificar el Código Penal en materia de siniestros viales, con cambios orientados a endurecer la respuesta judicial frente a conductas consideradas de alto riesgo.
La iniciativa se apoya en tres ejes principales: la incorporación de un delito vinculado con la conducción bajo los efectos del alcohol, el cumplimiento efectivo de penas de prisión para quienes provoquen muertes al volante y modificaciones para evitar que determinadas causas prescriban mientras continúan en revisión judicial.
Uno de los puntos centrales apunta a que manejar con determinados niveles de alcoholemia pueda tener consecuencias penales, diferenciando estas situaciones de las infracciones administrativas previstas actualmente.
Según explicó Verasay, el objetivo es que la Justicia pueda intervenir antes de que una conducta riesgosa termine provocando una tragedia, estableciendo parámetros que permitan distinguir entre una falta de tránsito y un hecho que requiera una respuesta penal.
El proyecto también propone endurecer las consecuencias para quienes causen una muerte mientras conducen. La iniciativa busca que las condenas impliquen el cumplimiento efectivo de la pena de prisión y, además, contempla un aumento en los períodos de inhabilitación para conducir.
En este sentido, la diputada remarcó la necesidad de que la legislación contemple con mayor severidad situaciones como conducir bajo los efectos del alcohol, escapar sin asistir a una víctima o incumplir las velocidades máximas permitidas.
El tercer aspecto de la propuesta está relacionado con la prescripción de las causas judiciales. Actualmente, los expedientes pueden continuar su recorrido a través de recursos y apelaciones ante tribunales superiores mientras transcurre el tiempo previsto para la prescripción.
Por ello, el proyecto plantea introducir modificaciones para que la confirmación de una condena tenga incidencia sobre ese plazo, evitando que el tiempo demandado por la revisión judicial termine provocando la extinción de la acción penal.
“Cuando hay una muerte o una lesión irreversible, debe existir una respuesta penal adecuada”, sostuvo Verasay al defender la iniciativa.
De esta manera, los legisladores mendocinos buscan avanzar en una reforma del Código Penal que permita anticipar la intervención judicial ante situaciones de riesgo, garantizar penas más severas en los casos con consecuencias fatales y evitar que las demoras propias del proceso judicial terminen beneficiando a los condenados.
