La diputada provincial (MC) Silvana Carrizo, respaldó el pedido de informes presentado por el diputado Tiago Puente (GENERAR) y reclamó al Gobierno que explique bajo qué normas y condiciones Centrocard estaría utilizando, a través de CAPRESCA, el sistema de descuentos sobre los haberes de empleados públicos.
“El Estado no puede convertirse en la garantía de negocios privados ni otorgar privilegios sin transparencia”, sostuvo.
Carrizo, se refirió al pedido de informes presentado por el diputado Tiago Puente, respecto del presunto uso del sistema de códigos de descuento sobre los haberes de empleados públicos, por parte de Centrocard, a través de CAPRESCA, y consideró que el Gobierno provincial debe brindar explicaciones claras sobre el funcionamiento y el respaldo legal de esa operatoria.
Además, explicó que el sistema de códigos de descuento constituye un mecanismo excepcional, debido a que permite que quien otorgó un crédito pueda percibir directamente las cuotas correspondientes mediante descuentos efectuados sobre el salario de un trabajador estatal.
“No estamos hablando de un mecanismo comercial común. Quien accede a un código de descuento, obtiene una garantía de cobro que ningún comercio tiene por sí mismo. Por eso, su utilización requiere una autorización legal expresa, controles efectivos y absoluta transparencia”, sostuvo.
En ese sentido, la dirigente de GENERAR, señaló que el acceso a este tipo de mecanismos no puede quedar sujeto a decisiones discrecionales ni a convenios cuyo contenido no sea de conocimiento público, especialmente cuando intervienen organismos estatales.
Carrizo, consideró que el pedido de informes impulsado por Puente resulta “razonable e imprescindible” para conocer las condiciones bajo las cuales se estaría desarrollando la operatoria y también las condiciones crediticias de las operatorias autorizadas a Centrocard.
“Si Centrocard está utilizando, a través de CAPRESCA, el sistema de descuentos sobre los haberes de los empleados públicos, el Gobierno tiene que responder preguntas muy simples: ¿qué norma y qué procedimiento autorizó esa operatoria?, ¿quién la aprobó?, ¿qué convenio se firmó y qué beneficios obtiene cada una de las partes?”, planteó.
Carrizo, también reclamó conocer qué controles se aplican sobre el mecanismo y si el organismo estatal obtiene algún tipo de contraprestación. En particular, pidió que se informe “si CAPRESCA recibe alguna contraprestación, cuáles son las condiciones de la operatoria, los porcentajes de descuentos, y qué tratamiento reciben los datos personales de los trabajadores alcanzados”.
Para Carrizo, la discusión no pasa por cuestionar la existencia de mecanismos que permitan facilitar el acceso al crédito, sino por determinar si estos funcionan dentro del marco legal correspondiente y bajo reglas iguales y transparentes para todos, y que las condiciones no sean usureras.
“No alcanza con decir que existe un convenio. En la administración pública, todo convenio debe tener respaldo legal, publicidad y mecanismos de control. Si la operatoria es correcta, no hay ninguna razón para ocultar la documentación”, afirmó.
La ex legisladora, sostuvo que el acceso a una herramienta que permite descontar directamente cuotas de los salarios públicos implica una ventaja significativa para cualquier empresa que pueda utilizarla, por lo que su otorgamiento debe estar sometido a reglas objetivas y verificables.
“Por lo que sabemos, también la empresa entrega tarjetas de crédito a empleados públicos, y las cuotas se descuentan directamente de sus recibos de sueldo a través del código de descuento de titularidad de la Caja”.
“Cuando el Estado pone a disposición un mecanismo que garantiza el cobro de una empresa directamente sobre el salario de un trabajador público, estamos frente a un privilegio que debe estar debidamente fundamentado y controlado”, remarcó.
Por último, Carrizo advirtió sobre la necesidad de evitar cualquier situación que pueda generar sospechas de trato preferencial hacia determinadas empresas.
“El Estado no puede seguir siendo la garantía de negocios privados ni convertirse en una herramienta para beneficiar a empresas amigas. Los trabajadores públicos no pueden ser utilizados como garantía de operaciones comerciales sin que exista transparencia absoluta sobre quién autoriza, quién se beneficia y bajo qué condiciones”, concluyó.
