La Casa Rosada buscará revertir la decisión de primera instancia que declaró inconstitucional el decreto que había frenado la aplicación de la norma y ordenó su cumplimiento inmediato.
El Gobierno nacional confirmó este martes que apelará el fallo de primera instancia que declaró inconstitucional el decreto que había frenado la aplicación de la Ley de Financiamiento Universitario y ordenó su cumplimiento inmediato.
La resolución fue dictada por el juez federal Martín Cormick, titular del Juzgado Contencioso Administrativo Federal N° 11, quien hizo lugar a los amparos presentados por el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) y la Universidad de Buenos Aires (UBA).
El magistrado invalidó la cláusula del decreto 759/2025 que subordinaba la ejecución de la ley a la definición de los recursos presupuestarios y ordenó al Poder Ejecutivo dictar las normas reglamentarias necesarias para garantizar su “cumplimiento inmediato”.
Para Cormick, el mecanismo utilizado por el Gobierno para frenar la aplicación de la norma fue “extraconstitucional”, ya que permitió bloquear una ley aprobada por ambas cámaras del Congreso. En ese sentido, sostuvo que el artículo 9 de la propia legislación contempla herramientas para financiarla, como la adecuación de partidas y el uso de ingresos corrientes que superen lo presupuestado, sin afectar la coparticipación de las provincias.
La Ley de Financiamiento Universitario fue sancionada en agosto de 2025, impulsada por la oposición. Luego de que el presidente Javier Milei vetara la iniciativa, Diputados y el Senado reunieron los votos necesarios para insistir con la norma y, en octubre de ese año, el Ejecutivo terminó promulgándola mediante el decreto 759/2025, aunque condicionó su ejecución a que el Congreso estableciera las fuentes de financiamiento e incorporara las partidas correspondientes al Presupuesto.
Según una estimación citada por el juez y elaborada por la Oficina de Presupuesto del Congreso, para 2025 el costo de la norma representaba el 0,23% del PBI.
Una cautelar que permanece vigente
El expediente ya contaba con un antecedente importante. En diciembre de 2025, Cormick había dictado una medida cautelar que ordenó aplicar de inmediato los artículos 5 y 6 de la ley, vinculados con la recomposición de los salarios de docentes y no docentes y la actualización de las becas estudiantiles.
La Cámara en lo Contencioso Administrativo Federal confirmó aquella medida y el 25 de junio la Corte Suprema de Justicia rechazó el recurso extraordinario presentado por el Estado. De esta manera, la cautelar quedó firme mientras se resolvía la cuestión de fondo abordada ahora por el magistrado.
En paralelo, el Gobierno sostiene que viene cumpliendo con parte de los reclamos. El 10 de junio firmó con el CIN y los gremios universitarios un acta que contemplaba una recomposición de la masa salarial del 24,33% y una actualización del 20% para los gastos de funcionamiento.
Con ese acuerdo, el Ejecutivo pidió que se levantara la cautelar, pero Cormick rechazó el planteo el 1 de septiembre al considerar que el Estado no había acreditado una solución definitiva al deterioro de los salarios universitarios.
La negociación volvió a fracasar el 17 de septiembre, cuando el Gobierno mantuvo una oferta adicional del 3% y anunció que la aplicaría incluso sin acuerdo. Los gremios rechazaron la propuesta y continúan reclamando una mejora mayor.
Frente a ese escenario, el juez sostuvo que “no existe cumplimiento total” de la medida y le dio cinco días al Ejecutivo para acatarla, bajo apercibimiento de aplicar multas por cada jornada de demora. El Gobierno pidió revocar esa intimación.
En su argumentación, la administración de Milei sostuvo que los aumentos acumulados desde diciembre de 2023 alcanzaron el 226,8%, por encima del 226,46% de inflación tomado como referencia para el período hasta agosto de 2025.
Sin embargo, Cormick cuestionó ese cálculo y consideró que no estaba acreditada la actualización conforme a las variables previstas por la ley. También rechazó la interpretación oficial respecto de las becas, que el Ejecutivo vinculaba con el programa Manuel Belgrano, cuyo monto mensual fue elevado este año a $187.495.
El 30 de septiembre, el magistrado volvió a otorgarle cinco días al Gobierno y reconoció únicamente un cumplimiento parcial de la medida.
El conflicto también se extiende al Presupuesto 2027
En paralelo a la disputa judicial, el conflicto continúa en el Congreso. El proyecto de Presupuesto 2027 contempla $7,349 mil millones destinados al funcionamiento, la inversión y los programas especiales de las universidades nacionales.
Desde el CIN consideran insuficiente ese monto y reclaman una partida cercana a los $11 mil millones.
Mientras tanto, las universidades y los gremios mantienen las medidas de fuerza y ratificaron la convocatoria a la Marcha Federal Universitaria del 15 de octubre, en medio de la continuidad del reclamo por mayor financiamiento y actualización salarial.
