El abogado Gregorio Dalbón solicitó que el ministro de Economía y el presidente del BCRA sean detenidos por presuntas irregularidades en operaciones con derivados de oro durante 2025.
Gregorio Dalbón solicitó la detención del ministro de Economía, Luis Caputo, y del presidente del Banco Central de la República Argentina (BCRA), Santiago Bausili, por presuntas irregularidades en las operaciones con derivados financieros vinculados al oro realizadas por la entidad durante 2025. El pedido también incluye al director del organismo, Juan Curutchet, y forma parte de una ampliación de la denuncia penal que deberá ser evaluada por la Justicia.
El planteo se conoció luego de la aprobación de un informe de la Auditoría General de la Nación (AGN) sobre los estados contables del Banco Central al 31 de diciembre de 2025. Según los datos incorporados a la presentación, las operaciones con derivados cuyo activo subyacente fue el oro registraron un resultado negativo de aproximadamente US$ 1.023 millones, con egresos de divisas.
Dalbón sostuvo que es necesario reconstruir el recorrido de cada operación financiera, identificar a los intermediarios que participaron y establecer cuánto se pagó en concepto de comisiones, cuáles fueron los criterios utilizados para contratar los instrumentos y quiénes tomaron las decisiones.
“No alcanza con ponerle la etiqueta de cobertura; hay que mostrar los contratos, las decisiones y las liquidaciones”, planteó el abogado al cuestionar la explicación oficial sobre el funcionamiento de estas operaciones.
La solicitud incluye posibles delitos de defraudación en perjuicio de la administración pública, abuso de autoridad e incumplimiento de los deberes de funcionario público. También propone investigar una eventual asociación ilícita, aunque las calificaciones jurídicas deberán ser analizadas por las autoridades judiciales.
Las pérdidas millonarias que señaló la auditoría
El principal argumento económico de la presentación se encuentra en los resultados de las operaciones con derivados financieros vinculados al oro que el Banco Central realizó durante 2025.
De acuerdo con la documentación contable citada por Dalbón, el resultado negativo ascendió a $ 1.469.155 millones, equivalentes a unos US$ 1.023 millones a los valores considerados en el informe.
El monto se compone de dos conceptos. Por un lado, se registraron $ 1.400.793 millones —unos US$ 960,2 millones— como resultado negativo de las opciones financieras. Por otro, se contabilizaron $ 68.362 millones, equivalentes a aproximadamente US$ 62,8 millones, en primas de opciones.
El informe de la AGN también consignó que el Banco Central concertó derivados liquidables en dólares con fines de cobertura y que, al cierre del ejercicio 2025, ya no mantenía posiciones de ese tipo.
A partir de esa información, el abogado pidió que se determine cómo se estructuraron los contratos, qué contrapartes intervinieron, qué límites de riesgo se aplicaron y cuál fue la finalidad económica de cada operación.
La presentación también pone el foco en la diferencia entre los resultados negativos de los derivados y la ganancia registrada por la tenencia física de oro debido a la variación de su cotización. Según los datos contables citados en el escrito, esa tenencia registró una ganancia de $ 8.002.500 millones durante el mismo ejercicio.
Para Dalbón, los números justifican una investigación que permita establecer si las operaciones estuvieron debidamente respaldadas y si produjeron algún perjuicio patrimonial para el Estado. Sin embargo, el resultado negativo de un instrumento financiero no demuestra por sí solo la existencia de un delito.
Qué responsabilidad les atribuye a Caputo y Bausili
La denuncia solicita que se investigue el papel que tuvieron los principales responsables económicos del Gobierno en la definición y ejecución de las operaciones.
En el caso de Luis Caputo, el abogado pidió determinar si el ministro impartió instrucciones, coordinó o tuvo conocimiento de la estrategia financiera aplicada a las reservas de oro. El planteo también apunta a esclarecer de qué manera se vincularon las decisiones del Ministerio de Economía con las operaciones concretadas por el Banco Central, una entidad que cuenta con autonomía reconocida en su Carta Orgánica.
Respecto de Santiago Bausili, la presentación busca establecer si intervino en la propuesta, aprobación, firma o ejecución de los contratos con derivados. El letrado considera necesario analizar las actas del directorio, los informes técnicos y las comunicaciones relacionadas con las decisiones cuestionadas.
El pedido alcanza además a Juan Curutchet, integrante del directorio del BCRA y titular de la Superintendencia de Entidades Financieras y Cambiarias. En su caso, se procura determinar si tuvo intervención en la autorización, el control o el seguimiento de las operaciones.
Dalbón también reclamó que se investigue a cualquier otra persona cuya participación pudiera surgir de la documentación y de las medidas de prueba.
Las medidas que pidió el abogado
Además de solicitar la detención de los tres funcionarios, Dalbón reclamó medidas destinadas a preservar la documentación y evitar posibles interferencias durante la investigación.
Entre ellas, pidió que se les prohíba salir del país, acceder a determinadas áreas del Banco Central y del Ministerio de Economía donde se encuentre documentación vinculada con el expediente, y comunicarse con funcionarios, auditores o testigos que puedan aportar información relevante.
El abogado argumentó que existe un posible riesgo de entorpecimiento debido a la posición jerárquica de los denunciados y al acceso que podrían tener a documentación necesaria para esclarecer los hechos.
También solicitó que se incorporen los contratos, las confirmaciones de las operaciones, las actas del directorio y de los comités internos, los informes de riesgo, las constancias de pagos y las comunicaciones entre el Banco Central y el Ministerio de Economía.
En relación con la auditoría, pidió que se remita la documentación completa de la AGN, incluidos los papeles de trabajo y los antecedentes que respaldan los resultados contables observados. El planteo propone, además, realizar una pericia para reconstruir las operaciones y determinar si existió un perjuicio económico para el Estado.
El pedido de detención no significa que exista una orden de arresto vigente ni que los funcionarios hayan sido condenados o que su responsabilidad penal esté acreditada. La adopción de medidas restrictivas y la eventual convocatoria a declaración indagatoria dependen de las decisiones que tome la Justicia en el marco del expediente.
La respuesta del Banco Central: una ganancia neta de US$ 2.505 millones
Frente a los cuestionamientos por el resultado negativo de los derivados, el Banco Central defendió la estrategia y sostuvo que los instrumentos fueron utilizados como cobertura financiera para proteger las reservas ante posibles caídas en el precio internacional del oro.
En un comunicado difundido el 8 de octubre, la entidad informó que la posición total en oro registró un resultado neto positivo de US$ 2.505 millones durante 2025.
Según explicó el organismo, la evaluación debe contemplar conjuntamente la evolución del precio del metal y el desempeño de los instrumentos financieros contratados para cubrirse ante una eventual caída de su cotización.
La autoridad monetaria señaló que las coberturas tienen un costo y que, cuando el precio del oro aumenta, los derivados utilizados para proteger la cartera pueden registrar resultados negativos. En ese escenario, el rendimiento favorable del activo físico puede compensar ampliamente el costo de los instrumentos financieros.
El BCRA también sostuvo que esta estrategia forma parte de una práctica aplicada desde 2007 y cuestionó las interpretaciones que presentan las operaciones como especulativas.
De esta manera, el organismo defiende que el resultado debe analizarse de forma integral, mientras que la denuncia reclama examinar en detalle los contratos y las decisiones que dieron lugar a las pérdidas registradas en los derivados.
La discusión se centra, por lo tanto, en dos aspectos distintos: el resultado negativo de los instrumentos financieros y el rendimiento total de la posición en oro. La investigación deberá determinar si las operaciones estuvieron justificadas y si existieron irregularidades en su ejecución.
La denuncia de Marcela Pagano por el destino de fondos públicos
La controversia por el manejo de las reservas del Banco Central también tuvo un antecedente en agosto, cuando la diputada Marcela Pagano anunció una denuncia penal contra Luis Caputo y Santiago Bausili por el destino de fondos públicos que, según sostuvo, no tenían una trazabilidad pública suficiente.
La legisladora cuestionó la falta de explicaciones que consideraba adecuadas sobre el recorrido de esos recursos y reclamó que se identificara quiénes habían tomado las decisiones y dónde se encontraba el dinero.
En aquella oportunidad, Pagano afirmó que cerca de $ 4 billones de fondos públicos no contaban, según su planteo, con un destino públicamente trazable. También cuestionó una respuesta atribuida a Bausili sobre la ubicación de los fondos.
Esa presentación constituye un antecedente separado de la denuncia de Dalbón por las operaciones con derivados vinculados al oro. Ambos planteos deben distinguirse porque no necesariamente investigan los mismos hechos ni tienen idéntico objeto.
Por ahora, el pedido de detención formulado por Dalbón busca que la Justicia profundice la investigación sobre las operaciones realizadas durante 2025, determine cómo se administraron los instrumentos financieros y establezca si existieron responsabilidades penales por parte de los funcionarios involucrados.
