“La creación de fondos fiduciarios y entes públicos que no están previstos en el presupuesto de la Provicia genera un manto de dudas acerca del manejo razonable de estos recursos, que se administran sin control alguno”, afirma la diputada y presidenta del bloque de la UCR en la Cámara Baja, Silvana Carrizo.

“Presente un proyecto de ley para que a estos fondos se le aplique la Ley de Administración Financiera, de los Bienes y Sistemas de Control del Sector Público, que garantiza los principios de eficiencia y eficacia en la obtención y aplicación de los recursos públicos”. Esta ley establece además que el presupuesto provincial debe comprender todos los recursos previstos y los gastos autorizados para cada ejercicio. “No debe existir ningún recurso por fuera del presupuesto y muchos menos los recursos mineros”.

La diputada Carrizo se refirió a la situación actual en Catamarca, donde existe un flujo significativo de recursos que el Estado provincial percibe a través de fideicomisos mineros. Sin embargo, estos fondos, a pesar de su enorme cuantía, son extrapresupuestarios. “No existe publicidad, ni sobre en qué, cómo se gastan y quiénes son los beneficiarios de las contrataciones”. Además, están exentos de cualquier control legislativo, ya que no forman parte de la ley de presupuesto que el Poder Ejecutivo envía cada año a esta Legislatura”, advierte Carrizo.

Desde el inicio de su mandato, Carrizo viene insistiendo en la necesidad de incorporar los fideicomisos mineros al presupuesto provincial y de modificar la Ley de Administración Financiera para incluir estos fondos. “Es fundamental conocer la cuantía exacta de estos recursos financieros y su destino, para dotar a esta importante suma de dinero de la transparencia que todo recurso público debe tener, y asegurar el adecuado control por parte de quienes representamos al pueblo”, subraya.

Carrizo también cuestiona la falta de transparencia en la gestión del Primer mandatario, señalando que “si Raúl Jalil no garantiza la transparencia en el manejo de los fondos provenientes de la minería, es decir, su trazabilidad y la correcta información a la sociedad sobre su magnitud y destino, entonces está fallando en su deber como gobernador”.

La diputada radical destacó que es obligación del Estado mejorar la transparencia y la rendición de cuentas en el sector minero, ya que la explotación de estos recursos debe contribuir al desarrollo sustentable y al beneficio de toda la ciudadanía.