En la novena sesión ordinaria, la Cámara de Diputados que preside Paola Fedeli avanzó con la aprobación de tres proyectos de Ley vinculados con la actividad minera en la provincia, el acercamiento de políticas de innovación con asistencia productiva a los distintos departamentos y el reconocimiento institucional a la fecha de aniversario de una localidad ambateña.
Para el caso, el cuerpo aprobó la transformación de la empresa estatal CAMYEN la cual deberá regresar al Senado para su revisión, mientras que las iniciativas sobre las Agencias de Innovación Territorial y el aniversario de la localidad de Ambato recibieron media sanción y sanción definitiva, respectivamente.
CAMYEN y una nueva estructura societaria
Con modificaciones a la propuesta original, la Cámara aprobó el proyecto de ley que transforma la empresa Catamarca Minera y Energética Sociedad del Estado (CAMYEN S.E.) en Catamarca Minera y Energética Sociedad Anónima Unipersonal (CAMYEN S.A.U.), manteniendo el 100% del capital social en manos del Estado provincial y adecuando a la firma al régimen establecido por la Ley General de Sociedades.
El debate estuvo atravesado por dos posiciones principales: mientras el oficialismo defendió la transformación como una actualización necesaria para dotar a la empresa de mayor capacidad operativa, desde distintos bloques opositores se plantearon reparos sobre las facultades para disponer de propiedades mineras y con los mecanismos de control sobre el patrimonio estatal. Como miembro informante, Damián Brizuela (FT) marcó desde el inicio el eje de la posición oficialista: “Aquí no se está privatizando absolutamente nada”.
En ese sentido, remarcó que la provincia continuará siendo la única accionista y que el objetivo es modificar el régimen jurídico sin alterar la propiedad estatal. “Lo que estamos debatiendo hoy no es la propiedad de los recursos, sino la eficiencia en su gestión”, afirmó.
Brizuela planteó que el régimen actual de sociedad del Estado resulta insuficiente frente a las características del mercado minero y energético y que la nueva figura permitiría establecer reglas más ágiles para el funcionamiento de CAMYEN. Uno de los aspectos centrales de la iniciativa es la posibilidad de que el directorio pueda ceder, transferir o disponer de derechos mineros, previo análisis de criterios técnicos, económicos, ambientales y sociales.
El proyecto establece además que una parte de los fondos obtenidos por transferencias onerosas de propiedades mineras deberá destinarse al fondo fiduciario de regalías mineras. A esto se suma la obligación de publicar información sobre propiedades, contratos, estados contables y otros datos vinculados con la actividad de la empresa.
Fiscalización y transparencia
Durante el debate, Brizuela mencionó las modificaciones que se hicieron destinadas a reforzar los mecanismos de fiscalización y transparencia. Entre ellas se estableció que la comisión fiscalizadora estará integrada por dos síndicos titulares y dos suplentes, con participación de la primera minoría legislativa. También se incorporó la obligación de mantener disponible información institucional, contable y contractual, además de un informe anual dirigido a ambas cámaras de la Legislatura.
Desde La Libertad Avanza, Mateo Manti manifestó el acompañamiento general a la transformación societaria, aunque señaló que su bloque había presentado observaciones vinculadas con el equilibrio entre eficiencia, competitividad y transparencia. Para Manti, la adecuación jurídica es necesaria para generar condiciones de previsibilidad que permitan el desarrollo de inversiones mineras y energéticas.
Reclamo de garantías
Alicia Paz (UCR), por su parte, aclaró que su bloque coincidía con la necesidad de transformar CAMYEN, pero cuestionó que la ampliación de facultades no estuviera acompañada, a su criterio, por garantías suficientes. “Cuanto mayor sea el poder de decisión que otorgamos, mayores tienen que ser los controles”, planteó.
La diputada enumeró como principales reclamos de su bloque la existencia de un informe anual obligatorio al Poder Legislativo, la autorización legislativa para operaciones de magnitud significativa y una auditoría externa, independiente y anual cuyos resultados fueran públicos. “No estamos pidiendo que la Legislatura administre CAMYEN”, aclaró, sino que existan mecanismos concretos para controlar las decisiones de una empresa cuyo capital pertenece íntegramente al Estado.
Paz insistió en que la discusión no debía plantearse como una disputa entre quienes apoyan o rechazan la minería. “Nosotros sí queremos minería. Queremos inversión. Queremos desarrollo y queremos empleo”, afirmó, aunque reclamó que la actividad se desarrolle con transparencia, trazabilidad y rendición de cuentas.
En defensa de las modificaciones, María Argerich (FT) destacó el consenso alcanzado durante el tratamiento en Comisión y sostuvo que las incorporaciones surgidas del debate con los distintos bloques fortalecieron el texto.
En particular, puso el foco en la participación de la primera minoría en la sindicatura: “Eso va a garantizar que la transparencia no sea posterior, sino que sea anterior al proceso y que sea concomitante a cualquier proceso”. También remarcó la intervención del Tribunal de Cuentas como órgano de control externo y señaló que la nueva forma jurídica delimita el capital social de la empresa, protegiendo el patrimonio estatal frente a eventuales riesgos comerciales.
Desde el Movimiento de Integración y Desarrollo, Fernando Baigorrí anticipó su rechazo al proyecto. Su cuestionamiento principal estuvo relacionado con la posibilidad de vender, transferir o enajenar propiedades mineras pertenecientes a CAMYEN y con la falta de precisión que, según dijo, existía sobre algunos mecanismos previstos en la iniciativa. También expresó reparos respecto del acceso a la información pública cuando pudiera invocarse el secreto empresarial.
Tiago Puente (Generar), por su parte, anticipó el voto negativo de su bloque y cuestionó que la adecuación societaria fuera utilizada, según su interpretación, para avanzar en una modificación más amplia del modelo de gestión minera provincial. Vinculó su posición con los cuestionamientos que su espacio viene realizando sobre la transparencia en la actividad minera y sobre el funcionamiento de CAMYEN.
Luego de un cuarto intermedio, el proyecto fue sometido a votación nominal y aprobado por mayoría con 29 votos positivos, 10 negativos y dos ausentes. La sanción incorporó las modificaciones a dos artículos y la incorporación de otro, por lo que la iniciativa vuelve al Senado para su revisión.
Agencias para acercar innovación al interior
Con media sanción, la Cámara aprobó el proyecto impulsado por Armando López Rodríguez que crea el Sistema Provincial de Agencias de Innovación Territorial (AIT), bajo la órbita del Ministerio de Desarrollo Productivo. La propuesta busca llevar asistencia técnica, capacitación, tecnología y herramientas de gestión y financiamiento a productores y emprendedores de los distintos departamentos. López Rodríguez planteó que la iniciativa parte de una realidad concreta: las necesidades productivas no son iguales en todo el territorio. Por eso, propuso descentralizar las herramientas de acompañamiento y generar una presencia estatal más próxima a quienes producen.
El sistema contempla al menos una agencia en cada departamento y plantea aprovechar la infraestructura de las actuales agronomías de zona, con el objetivo de jerarquizar su funcionamiento técnico y operativo. De esta manera, la propuesta no parte de crear estructuras completamente nuevas, sino de transformar espacios ya existentes en centros de asistencia y articulación productiva. Entre las herramientas previstas se encuentra un banco departamental de maquinarias agrícolas e industriales, que permitiría compartir equipamiento; nodos de transferencia tecnológica para capacitaciones y aplicación de nuevas tecnologías; y una ventanilla única para facilitar trámites vinculados con financiamiento y líneas de crédito sin necesidad de trasladarse hasta la capital.
El proyecto también establece requisitos para la conducción de las agencias. Cada una estará a cargo de un delegado regional de innovación seleccionado mediante concurso público de oposición y antecedentes, con exigencias de formación profesional, experiencia y arraigo territorial. Se establece además una residencia mínima de tres años en el departamento o región correspondiente. En el cierre de su intervención, López Rodríguez sintetizó el propósito de la propuesta en la necesidad de reducir las desigualdades territoriales en el acceso a herramientas de desarrollo. “El desafío es que las distancias geográficas no se conviertan en distancias de oportunidades”, expresó.
Las Juntas y su aniversario oficial
Finalmente, la Cámara convirtió en ley el proyecto proveniente del Senado e impulsado por Romina Alejandra Williams que establece el 1° de septiembre de cada año como aniversario de la localidad de Las Juntas, en el departamento Ambato. La fecha toma como referencia el 1° de septiembre de 1980, cuando se produjo la creación del municipio mediante el Decreto Nacional 877/80.
Durante el tratamiento, Exequiel Moreno (FT), como miembro informante, señaló que la iniciativa busca reconocer institucionalmente una fecha significativa para la comunidad y generar una celebración que permita recuperar su historia, tradiciones e identidad. La propuesta también vincula la conmemoración con el potencial turístico y cultural de la localidad, al considerar que el aniversario puede incorporarse al calendario de actividades de la provincia y convertirse en una fecha de encuentro para vecinos y visitantes. El texto plantea la participación de escuelas, instituciones religiosas, agrupaciones gauchas, organizaciones sociales y demás actores de la comunidad.
Moreno destacó además el trabajo de investigación realizado por el profesor de Historia Mariano Hernán Tua para reconstruir los antecedentes históricos que sustentan la iniciativa y subrayó la importancia de preservar la memoria local.
