La Libertad Avanza no logró reunir las firmas necesarias para llevar el proyecto al recinto y decidió pasar a un cuarto intermedio.
El oficialismo en el Senado volvió a postergar el tratamiento del Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI), conocido como “super-RIGI”, luego de que los bloques aliados plantearan nuevos cambios al proyecto impulsado por el Gobierno.
Un plenario de las comisiones de Presupuesto y Hacienda, Economía Nacional e Inversión y Legislación General se reunió este miércoles, pero La Libertad Avanza decidió establecer un cuarto intermedio hasta la próxima semana, debido a que todavía no consiguió las firmas necesarias para emitir el dictamen que habilite el tratamiento de la iniciativa en el recinto.
El proyecto ya cuenta con media sanción de la Cámara de Diputados y el oficialismo pretende avanzar con su aprobación en el Senado durante septiembre. Sin embargo, deberá continuar negociando con los sectores dialoguistas para alcanzar los consensos necesarios.
“El dictamen aún está circulando, no tiene todavía todas las firmas”, explicó el senador del PRO Martín Goerling Lara en declaraciones a SenadoTV.
La reunión se extendió desde las 13 hasta las 14.30, cuando el senador libertario Agustín Monteverde anunció el cuarto intermedio. En las últimas horas, el oficialismo había aceptado incorporar algunas modificaciones reclamadas principalmente por el PRO y la UCR.
Una de ellas está vinculada con los grandes proyectos de data centers, que deberán contar con subestaciones eléctricas propias cuando su nivel de consumo pueda generar un impacto sobre el sistema energético de la región o municipio donde se instalen.
También se incorporó un esquema para garantizar una mayor participación de proveedores locales. La propuesta aprobada en Diputados, impulsada a partir de un planteo de la bancada del MID de Oscar Zago y Eduardo Falcone, establece que el 20% de la inversión deberá destinarse a contrataciones de bienes o servicios en el país.
Ahora, los senadores plantearon que dentro de esas compras nacionales sean considerados únicamente determinados bienes transables.
Pero las negociaciones no terminaron allí. Durante la reunión de este miércoles, sectores del PRO, parte del radicalismo y Provincias Unidas reclamaron nuevas modificaciones.
Entre ellas, plantearon que los proyectos tengan la obligación de adquirir insumos a proveedores locales incluso cuando el producto nacional sea hasta un 15% más caro que el importado.
También solicitaron elevar al 40% el porcentaje de bienes transables de desarrolladores locales. Durante el plenario también quedaron expuestas las diferencias entre el oficialismo y los sectores de la oposición respecto del impacto que podría tener el régimen.
El senador libertario Bartolomé Abdala defendió la iniciativa y sostuvo que se trata de una herramienta necesaria para atraer inversiones de gran magnitud. “Estamos hablando de grandes inversiones que, sin este tipo de legislación, son difíciles de captar”, afirmó.
Según Abdala, esos proyectos también permitirían generar un efecto de expansión sobre empresas nacionales vinculadas a las grandes inversiones. “Nos van a generar la posibilidad de tener grandes empresas que van a derramar en empresas satélites y van a lograr un círculo virtuoso”, sostuvo.
Desde el peronismo, en cambio, el senador Jorge Capitanich cuestionó el impacto del proyecto sobre el empleo y el uso de recursos estratégicos. “El proyecto tiene muy bajo nivel de empleo y gran uso de recursos naturales de carácter estratégico”, afirmó.
También planteó reparos respecto de las condiciones ambientales y de infraestructura contempladas en la nueva redacción. Con el cuarto intermedio, el oficialismo ganó una semana para continuar las negociaciones con los bloques aliados y tratar de reunir las firmas necesarias para emitir el dictamen.
La intención de La Libertad Avanza es acelerar el tratamiento del “super-RIGI” y llevarlo al recinto durante septiembre, aunque para conseguirlo deberá incorporar parte de las modificaciones que reclaman los sectores dialoguistas.
El proyecto apunta a ampliar los beneficios y mecanismos de incentivo para grandes inversiones en sectores estratégicos, con la expectativa oficial de atraer capitales, desarrollar proveedores nacionales y aumentar la capacidad productiva.
La discusión continuará la próxima semana, cuando las comisiones vuelvan a reunirse para intentar destrabar el dictamen.
