La Cámara de Diputados avanzó, durante su décimo novena sesión ordinaria, con dos iniciativas orientadas a ampliar derechos en materia de salud y fortalecer la protección de niños, niñas y adolescentes.
Por un lado, el cuerpo otorgó media sanción a la creación de un Programa Provincial Integral de Oncofertilidad, destinado a garantizar que pacientes con cáncer puedan preservar su fertilidad antes de iniciar tratamientos que puedan afectar su capacidad reproductiva.
Por otro, dio luz verde a la modernización y digitalización del Registro de Deudores Alimentarios, incorporando mecanismos de control e intercambio de información entre organismos públicos y nuevas restricciones para quienes incumplan con sus obligaciones. La sesión, presidida por Paola Fedeli, también incluyó otros proyectos vinculados con la prevención de enfermedades, el reconocimiento a una profesional de la salud y la promoción de la identidad cultural y ambiental.
Preservar la fertilidad durante tratamientos oncológicos
Con media sanción y modificaciones, Diputados aprobó el proyecto de ley impulsado por Josefina Herr (FT) por el cual se propuso crear el Programa Provincial Integral de Oncofertilidad y Derivación de Alta Complejidad. La iniciativa busca garantizar el acceso de pacientes oncológicos a procedimientos de preservación de la fertilidad, contemplando la cobertura de las prestaciones, la atención especializada y un protocolo de derivación prioritaria para evitar que los tiempos administrativos interfieran con el inicio de los tratamientos contra el cáncer.
Al presentar la propuesta, Herr explicó que la quimioterapia y la radioterapia, aunque resultan fundamentales para combatir la enfermedad, pueden afectar la capacidad reproductiva de quienes deben atravesarlas. En ese sentido, consideró necesario que el Estado acompañe a los pacientes y sus familias frente a una situación que no solo compromete la salud, sino que también puede condicionar sus proyectos de vida.
La legisladora señaló que el proyecto fue elaborado a partir del trabajo con profesionales de la salud, quienes aportaron su experiencia para identificar las necesidades concretas de los pacientes. Si bien Argentina cuenta con la Ley Nacional 26.862, sostuvo que todavía existen diferencias y vacíos en su aplicación que justifican una política provincial específica. Uno de los aspectos centrales de la propuesta es la celeridad en la atención. El texto establece un protocolo de derivación prioritaria y urgente para los efectores de salud públicos y privados, con un plazo máximo de 48 horas hábiles desde el diagnóstico para concretar la interconsulta entre los especialistas en oncología y medicina reproductiva. También contempla que las entidades de salud autoricen de manera inmediata los procedimientos de preservación, de modo que no se postergue el tratamiento oncológico.
Asimismo, establece la obligación de los profesionales tratantes de informar sobre los posibles efectos de los tratamientos en la fertilidad y las alternativas disponibles para preservarla. Esa información deberá quedar registrada en la historia clínica mediante un consentimiento informado específico.
Durante el debate, Carlos Aibar Quintar (LLA) manifestó el acompañamiento de su bloque y valoró que se incorporen políticas públicas destinadas a preservar la posibilidad de formar una familia después de atravesar una enfermedad de estas características. Además, propuso modificaciones al artículo 7 para precisar las responsabilidades de cobertura y establecer que el almacenamiento de muestras en bancos de gametos y tejidos tenga un plazo determinado por la autoridad de aplicación, de acuerdo con las particularidades médicas de cada paciente.
Por su parte, Alicia Paz (UCR) respaldó la iniciativa al considerar que permitirá reducir las desigualdades económicas que actualmente condicionan el acceso a estos procedimientos. “Al existir este programa provincial va a dejar de haber diferencias sobre quién tenía la posibilidad económica de hacerlo y quién no” dijo y destacó la incorporación de plazos breves para las consultas y derivaciones, junto con la cobertura de prestaciones de alta complejidad.
Tras un cuarto intermedio, Tiago Puente (Generar) informó que, producto del diálogo entre los distintos bloques y la autora de la iniciativa, se incorporaron modificaciones en los artículos 2, 3, 5, 7 y 11. Los cambios fueron propuestos por Aibar Quintar, Paz, Natalia Saseta y el propio Puente, con el objetivo de mejorar la redacción y los alcances de la propuesta.
Registro digital de deudores alimentarios
También obtuvo media sanción, a partir de un despacho unificado, el proyecto de modernización y digitalización del Registro de Deudores Alimentarios. La propuesta reúne iniciativas de María Argerich y Eduardo Andrada (FT), María Alejandra Pons (UCR – mandato cumplido) y Natalia Saseta (PRO), y plantea actualizar el funcionamiento del registro provincial para mejorar los mecanismos de identificación, control y cumplimiento de las obligaciones alimentarias. El proyecto busca superar las limitaciones del sistema vigente, que funciona bajo la órbita del Poder Judicial y mantiene procedimientos en soporte papel, con trámites que dependen de solicitudes particulares. Para ello, establece la digitalización integral del registro y la interoperabilidad con distintos organismos estatales, de manera que las inscripciones y sus consecuencias puedan hacerse efectivas sin demoras.
Como miembro informante, Argerich explicó que las obligaciones alimentarias no se limitan a la provisión de comida, sino que comprenden los recursos necesarios para garantizar la educación, la salud, la vivienda, la vestimenta y el desarrollo integral de niños, niñas y adolescentes. Remarcó que el objetivo es que la información del registro se encuentre actualizada y conectada con el Poder Ejecutivo, permitiendo que las restricciones previstas en la normativa se apliquen de manera efectiva a quienes incumplan con el pago de las cuotas. Entre las consecuencias contempladas se encuentran las limitaciones para solicitar licencias de conducir, ingresar a espectáculos públicos, asistir a canchas de fútbol, acceder a casinos y salas de juegos de azar y ocupar cargos jerárquicos o directivos en la administración pública. El despacho también incorpora restricciones para el acceso a determinados cargos y funciones del Poder Judicial.
Otro aspecto es la posibilidad de realizar trámites en localidades del interior donde no exista conectividad. Para ello, se prevé la intervención de los juzgados de paz y de los nodos de atención territorial, de modo que la falta de acceso a Internet no impida inscribir a una persona en el registro ni realizar las gestiones correspondientes. La propuesta contempla, además, que el tratamiento y almacenamiento de los datos personales se ajuste a la legislación vigente en esa materia y que la plataforma digital, el sitio web y los formularios cuenten con criterios de accesibilidad y lectura fácil para garantizar el acceso de las personas con discapacidad.
Durante el debate, Saseta (PRO) destacó el trabajo conjunto que permitió unificar las distintas iniciativas y adecuar el registro a las nuevas tecnologías. La legisladora había impulsado modificaciones a la ley vigente y propuso incorporar restricciones concretas para quienes mantienen deudas alimentarias. En particular, defendió la prohibición de ingreso a casinos, salas de juegos de azar y bingos de la provincia, una medida que quedó incorporada al despacho. En ese sentido, cuestionó que una persona pueda destinar recursos económicos a actividades recreativas mientras incumple una obligación destinada a cubrir las necesidades de sus hijos. “La cuota alimentaria no es un favor que un progenitor le hace a su hijo, es una obligación legal y fundamentalmente es un derecho de ese niño”, afirmó.
Por su parte, Andrada (FT) recurrió a una situación cotidiana para describir las dificultades que atraviesan muchas familias cuando uno de los progenitores no cumple con sus responsabilidades. Mencionó el caso de una mujer que debe sostener su hogar y afrontar los gastos de sus hijos mientras reclama judicialmente una cuota que ya le corresponde. “Un niño no puede esperar. Un niño necesita vestirse, alimentarse, recrearse, tener todos los medios que un padre le puede aportar”, remarcó. También destacó que la modernización permitirá incorporar certificados digitales, mecanismos de verificación mediante códigos QR y herramientas para agilizar los procedimientos. También hizo hincapié en la atención presencial a través de los juzgados de paz, para que las personas del interior provincial puedan acceder al registro sin depender exclusivamente de una conexión a Internet.
Desde La Libertad Avanza, Aibar Quintar valoró que se hayan podido unificar propuestas de distintos espacios políticos y consideró que el incumplimiento alimentario constituye una problemática que atraviesa a toda la sociedad, más allá de las diferencias partidarias. El diputado explicó que la normativa establece que la condición de deudor se configura cuando existen varias cuotas consecutivas impagas o cuatro alternadas, siempre que medie la correspondiente intimación judicial. A partir de esa situación, la interoperabilidad permitirá que las distintas dependencias provinciales compartan información y apliquen las restricciones previstas.
Al cerrar el tratamiento, Argerich agradeció el acompañamiento de los distintos bloques y precisó que se habían acordado modificaciones en varios artículos para mejorar el texto unificado. La diputada concluyó que la actualización del registro busca terminar con las dificultades que enfrentan las familias para hacer cumplir las resoluciones judiciales y garantizar los derechos de la infancia.
Prevención de enfermedades venosas
Con media sanción, se aprobó el proyecto de ley de la presidenta del cuerpo, Fedeli, y que instituye el 26 de septiembre como Día Provincial de la Prevención de las Enfermedades Venosas. La iniciativa apunta a promover la detección temprana, la difusión de información y la capacitación de los equipos de salud para prevenir complicaciones derivadas de estas patologías. Como miembro informante, Ángeles Herr (FT) señaló que muchas personas naturalizan los primeros síntomas de las enfermedades venosas y los atribuyen al cansancio, la edad o las actividades laborales, por lo que suelen consultar cuando la afección ya se encuentra avanzada.
La legisladora explicó que la insuficiencia venosa crónica constituye una problemática de salud pública de elevada prevalencia y que determinadas condiciones laborales, como permanecer muchas horas de pie o mantener una postura sedentaria durante períodos prolongados, pueden favorecer su aparición. La fecha elegida coincide con la festividad de los santos Cosme y Damián, considerados patronos de la medicina y de las profesiones de la salud. Según explicó Herr, la elección representa también un reconocimiento a la vocación de servicio de quienes trabajan en el cuidado de las personas.
La iniciativa contó con el aporte científico de profesionales especializados en flebología y linfología, entre ellos Diego Javier Ferrari Tropper y Alexis Gustavo Perea Ansinelli, quienes acompañaron el tratamiento legislativo. Luego de la aprobación, Perea Ansinelli agradeció el reconocimiento y destacó el trabajo que viene desarrollando en la provincia junto con la Sociedad Argentina de Flebología y Linfología, señaló que la prevención permite evitar que las enfermedades avancen y destacó la importancia de que Catamarca participe de iniciativas científicas de alcance nacional.
A su turno, Tropper, en representación de la Sociedad Argentina de Flebología y Linfología, remarcó la incidencia de estas patologías en la población y la importancia de consultar ante los primeros síntomas. “Si esta persona consulta antes, le evitamos sufrimiento”, sostuvo.
El profesional también reconoció el impulso del doctor Eduardo Tkach, expresidente de la entidad e iniciador de la propuesta de instituir jornadas provinciales de prevención en todo el país.
Homenaje a una pionera de la odontología
Por otra parte, recibió media sanción el proyecto de ley presentado por Gladys del Valle Moro (FT), que propone asignar el nombre de “Doctora María del Valle Giménez” al Mini Hospital de Balcozna, en reconocimiento a la trayectoria profesional, educativa y solidaria de quien fue una de las pioneras de la odontología femenina en Argentina.
La diputada autora de la propuesta destacó especialmente el compromiso social de Giménez con su localidad de origen. Entre otras acciones, ayudaba a jóvenes de Balcozna que habían terminado sus estudios primarios y necesitaban trasladarse a la capital para continuar su formación. Les facilitaba alojamiento en su vivienda, ropa y otros recursos para que pudieran sostener sus estudios. También atendía gratuitamente a vecinos de la localidad en su consultorio y les proporcionaba los tratamientos y medicamentos que necesitaban.
La legisladora consideró que la denominación del establecimiento sanitario constituye un reconocimiento a una mujer que, desde una localidad del interior, logró abrirse camino en el ámbito académico y profesional y puso sus conocimientos y recursos al servicio de la comunidad.
Declaraciones de interés
En tanto, el cuerpo también aprobó declaraciones vinculadas con la cultura y la historia en Catamarca. Entre ellas, se declaró de interés parlamentario el libro “Memorias de mi abuelo”, de Rosa Guzmán, por iniciativa de Natalia Ponferrada (FT), una obra que recupera la historia y el legado de los pobladores de la Puna catamarqueña.
También recibió reconocimiento la obra “Golondrinas sin cielo”, de Eduardo Chavarría, impulsada por Alba Carolina Aguirre (LLA), que reconstruye las historias de vida de trabajadores rurales migrantes.
