Desde la provincia buscan que ir despejando los caminos a lo largo de la jornada. Se abrió el paso en el camino al aeropuerto, pero la región de la Quebrada permanece con cortes.
Tras una semana de piquetes diarios en la provincia de Jujuy, las fuerzas de seguridad locales y nacionales avanzaron en la liberación de un tramo de los caminos que se encontraban bloqueados a raíz de las protestas en contra de la reforma de la Constitución local.
La novedad de la jornada se dio en que, luego de varios cruces entre la provincia y el ministerio de seguridad de la Nación, que incluyó una denuncia penal contra la cúpula de Gendarmería, pudo verse un trabajo conjunto entre los uniformados federales y locales.
Durante la madrugada se habían conocido notificaciones a algunas de las personas que resistían en los cortes. A primera hora, con el inicio del trabajo de gendarmes y policías, el desbloqueo de las rutas logró ser negociado. No obstante, comuneros de finca El Pongo, en la localidad de Perico, avisaron que organizarán marchas en la capital, luego de abandonar las rutas.
Permanecen bloqueados, por otro lado, los accesos de Abra Pampa y La Quiaca, también sobre ruta nacional 9, pero más al norte, en la región de la puna, llegando a la frontera con Bolivia.
Hasta ayer, los cortes de ruta permanecían en las localidades de Perico (a 30 kilómetros de la Capital, donde se encuentra el aeropuerto), Purmamarca, Tilcara y Uquía (en la región de la quebrada), Susques, Cangrejillos, Abra Pampa y La Quiaca (en la puna). La modalidad era diferente en cada lugar, pero el objetivo era el de abrir paso por pocos minutos, descomprimir la fila y volver a cortar. Con los cortes, desplazarse entre ciudades en Jujuy resultó imposible por momentos.
Desde el 16 de junio, la aprobación del texto reformista fue lo que puso a las comunidades originarias en pie de guerra. En el medio, se abrió un debate sobre si hubo participación genuina o no, con el gobierno mostrando 156 actas con la firma de comunidades manifestando su conformidad y comuneros diciendo que en realidad son casi 400 los pueblos originarios de Jujuy, con lo cuál más de la mitad no habría sido consultado.
Gerardo Morales indicó que le llevaría “algunos meses” recuperar la normalidad en la provincia. Con canales de diálogo interrumpidos, la última acción oficial fue una denuncia penal por incumplimiento de los deberes de funcionario público contra los jefes de Gendarmería Nacional por omitir su intervención en los cortes más importantes que se realizan sobre rutas nacionales como la 9, 52 y 34.
El gobernador reforzó esa presentación, realizada por la Fiscalía de Estado, con declaraciones en las que apunta al ministerio de Seguridad y al de Interior, relacionando la decisión de no actuar con la intencionalidad de avanzar “en un golpe institucional”, de la que acusa al gobierno nacional.
En paralelo, el gobierno se vio forzado a retomar el diálogo con los gremios docentes que sostienen un paro desde el 5 de junio, a pesar de que Morales había afirmado que se trataba de un “tema cerrado”. La confluencia de los reclamos docentes con la movilización de las comunidades se dio de manera espontánea y luego se transformó en el núcleo de la protesta.
Fuente / infobae
