Mientras Javier Milei profundiza el ajuste, las universidades públicas retoman las clases públicas y reclaman a la Justicia hacer cumplir la ley.
El presidente Javier Milei y el ministro de Economía, Luis Caputo, profundizan el ajuste en Educación mientras resignan recaudación de los sectores más concentrados. Frente a este escenario, las universidades públicas vuelven esta semana a las calles para exigir el cumplimiento de la Ley de Financiamiento Universitario que el gobierno libertario insiste en desconocer.
Docentes, estudiantes y autoridades de distintas facultades estarán participarán de nuevas clases públicas que se dictarán este martes frente al Palacio de Tribunales, para “defender” el sistema universitario nacional y “exigir” ala Corte Suprema de Justicia que asegure la implementación de la Ley de Financiamiento Universitario (N.º 27.795), aprobada por el Congreso en primera instancia y ratificada en una segunda oportunidad por dos tercios de los votos de ambas cámaras luego de que Milei intentara vetarla.
Tras la masiva marcha federal universitaria de hace dos semanas y bajo el lema “señores jueces, que Milei cumpla la Ley”, la nueva jornada de protesta se extenderá desde las 11 a las 17 de este martes.
Profesores universitarios brindarán clases abiertas para visibilizar el “ajuste” del Gobierno Nacional “que golpea salarios, becas, investigación” y el “funcionamiento” tanto de las universidades como de toda la comunidad universitaria. “Reclamamos una respuesta urgente”, insistieron ante la pasividad de la Justicia.
A partir de las 15, estarán presentes la abogada laboralista (UBA) y docente universitaria, Natalia Salvo; los diputados nacionales por el Partido Justicialista (PJ) Lucía Cámpora e Itaí Hagman; y el antropólogo, docente y secretario general del Sindicato de Docentes de la Universidad de Buenos Aires (FEDUBA), Pablo Perazzi.
Hasta el momento, la gestión del presidente Milei insiste en no implementar la Ley para cumplir con “el equilibrio fiscal”, ya que argumentan que la normativa “no especifica la fuente de financiamiento para los gastos operativos y salarios” destinados a las universidades públicas.
Para eludir la aplicación de la normativa, que fue aprobada en dos oportunidades distintas (2024 y 2025), y luego de haber atravesado cuatro votaciones principales en el Congreso para su sanción, el Poder Ejecutivo optó por suspender de la norma por decreto y apeló todos los fallos judiciales en contra.
Por su parte, el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) mantiene su reclamo a nivel legal y, después de exigirle al Gobierno el cumplimiento de la Ley de Financiamiento, decidió presentar un documento ante la Corte Suprema de Justicia, que ya se encuentra en condiciones de resolver un dictamen definitivo.
