En una nueva sesión de la Cámara de Diputados de la provincia, obtuvo hoy media sanción, a partir de un despacho unificado, el proyecto de modernización y digitalización del Registro de Deudores Alimentarios.
La propuesta reúne iniciativas de María Argerich y Eduardo Andrada (FT), María Alejandra Pons (UCR – mandato cumplido) y Natalia Saseta (PRO), y plantea actualizar el funcionamiento del registro provincial para mejorar los mecanismos de identificación, control y cumplimiento de las obligaciones alimentarias. El proyecto busca superar las limitaciones del sistema vigente, que funciona bajo la órbita del Poder Judicial y mantiene procedimientos en soporte papel, con trámites que dependen de solicitudes particulares. Para ello, establece la digitalización integral del registro y la interoperabilidad con distintos organismos estatales, de manera que las inscripciones y sus consecuencias puedan hacerse efectivas sin demoras.
Como miembro informante, Argerich explicó que las obligaciones alimentarias no se limitan a la provisión de comida, sino que comprenden los recursos necesarios para garantizar la educación, la salud, la vivienda, la vestimenta y el desarrollo integral de niños, niñas y adolescentes.
Remarcó que el objetivo es que la información del registro se encuentre actualizada y conectada con el Poder Ejecutivo, permitiendo que las restricciones previstas en la normativa se apliquen de manera efectiva a quienes incumplan con el pago de las cuotas. Entre las consecuencias contempladas se encuentran las limitaciones para solicitar licencias de conducir, ingresar a espectáculos públicos, asistir a canchas de fútbol, acceder a casinos y salas de juegos de azar y ocupar cargos jerárquicos o directivos en la administración pública. El despacho también incorpora restricciones para el acceso a determinados cargos y funciones del Poder Judicial.
Otro aspecto es la posibilidad de realizar trámites en localidades del interior donde no exista conectividad. Para ello, se prevé la intervención de los juzgados de paz y de los nodos de atención territorial, de modo que la falta de acceso a Internet no impida inscribir a una persona en el registro ni realizar las gestiones correspondientes. La propuesta contempla, además, que el tratamiento y almacenamiento de los datos personales se ajuste a la legislación vigente en esa materia y que la plataforma digital, el sitio web y los formularios cuenten con criterios de accesibilidad y lectura fácil para garantizar el acceso de las personas con discapacidad.
Durante el debate, Saseta (PRO) destacó el trabajo conjunto que permitió unificar las distintas iniciativas y adecuar el registro a las nuevas tecnologías. La legisladora había impulsado modificaciones a la ley vigente y propuso incorporar restricciones concretas para quienes mantienen deudas alimentarias. En particular, defendió la prohibición de ingreso a casinos, salas de juegos de azar y bingos de la provincia, una medida que quedó incorporada al despacho. En ese sentido, cuestionó que una persona pueda destinar recursos económicos a actividades recreativas mientras incumple una obligación destinada a cubrir las necesidades de sus hijos. “La cuota alimentaria no es un favor que un progenitor le hace a su hijo, es una obligación legal y fundamentalmente es un derecho de ese niño”, afirmó.
Por su parte, Andrada (FT) recurrió a una situación cotidiana para describir las dificultades que atraviesan muchas familias cuando uno de los progenitores no cumple con sus responsabilidades. Mencionó el caso de una mujer que debe sostener su hogar y afrontar los gastos de sus hijos mientras reclama judicialmente una cuota que ya le corresponde. “Un niño no puede esperar. Un niño necesita vestirse, alimentarse, recrearse, tener todos los medios que un padre le puede aportar”, remarcó. También destacó que la modernización permitirá incorporar certificados digitales, mecanismos de verificación mediante códigos QR y herramientas para agilizar los procedimientos. También hizo hincapié en la atención presencial a través de los juzgados de paz, para que las personas del interior provincial puedan acceder al registro sin depender exclusivamente de una conexión a Internet.
Desde La Libertad Avanza, Aibar Quintar valoró que se hayan podido unificar propuestas de distintos espacios políticos y consideró que el incumplimiento alimentario constituye una problemática que atraviesa a toda la sociedad, más allá de las diferencias partidarias. El diputado explicó que la normativa establece que la condición de deudor se configura cuando existen varias cuotas consecutivas impagas o cuatro alternadas, siempre que medie la correspondiente intimación judicial. A partir de esa situación, la interoperabilidad permitirá que las distintas dependencias provinciales compartan información y apliquen las restricciones previstas.
Al cerrar el tratamiento, Argerich agradeció el acompañamiento de los distintos bloques y precisó que se habían acordado modificaciones en varios artículos para mejorar el texto unificado. La diputada concluyó que la actualización del registro busca terminar con las dificultades que enfrentan las familias para hacer cumplir las resoluciones judiciales y garantizar los derechos de la infancia.
