En un contexto de rumores sobre la posible eliminación del Ente Regulador de Servicios Públicos (ENRE), el personal del organismo ha salido a aclarar y reafirmar la importancia de su función, ante versiones que circulan tanto en medios de comunicación como en redes sociales.
A través de un comunicado, el ENRE expresó su preocupación por las implicancias que tendría su desaparición, especialmente en lo que respecta a la regulación de tarifas y la defensa de los derechos de los usuarios.
En el comunicado señalaron que el personal del Organismo considera necesario realizar una serie de consideraciones:
En primer lugar, se habló de que otro Organismo, quizás Defensoría del Pueblo tomaría las funciones del En.Re. Al respecto, el Ente Regulador funciona hace casi 30 años, recibiendo reclamos de los usuarios contra las empresas prestadoras, pero lejos está esta de ser nuestra única función, ya que el En.Re. es el único autorizado a fijar y modificar los regímenes y cuadros tarifarios del servicio de energía eléctrica y agua potable y desagües cloacales, mediante procesos de audiencias públicas, logrando la participación de organizaciones, instituciones, funcionarios, políticos y público en general en dichos procesos.
Sin esta herramienta de control, las tarifas se establecerían por la autoridad de aplicación directamente, sin consulta ni justificación previa. Esta cuestión es fundamental porque la eliminación del En.Re., deja una laguna respecto quien realizará esta importante función. ¿Acaso las propias empresas determinarán las tarifas a cobrar a los ciudadanos? ¿O es el Poder Ejecutivo, a través del Ministerio de Agua, Energía y Medio Ambiente quien la llevará a cabo?.
Otra de las importantes funciones del En.Re., es la defensa de los usuarios frente a las empresas, concesionadas (quienes, a pesar de ser Sociedades anónimas con participación estatal mayoritarias, se rigen por contratos de concesión, y tienen categoría de concesionarias), las cuales en su relación con los usuarios, son claramente la parte “fuerte”, resultando los usuarios la parte “débil”. Y es ahí cuando el En.Re. interviene para equilibrar la ecuación.
Dado ello, en caso de la eliminación del En.Re., ¿Quién defendería a los usuarios? ¿Quién equilibra esa ecuación? Es indudable que los usuarios necesitan que el En.Re. los defienda y proteja en su calidad de autoridad de control.
Resulta imposible no tener en cuenta otra función primordial del En.Re: el control de calidad de los servicios prestados, por ejemplo, nada más y nada menos, que la calidad del agua potable que reciben los ciudadanos en sus domicilios. De los controles de nuestro Organismo depende que el agua que llega a los hogares de los catamarqueños, sea potable y apta para consumo humano. Lo mismo puede decirse de los controles que se realizan en las conexiones e instalaciones eléctricas, los que se llevan a cabo principalmente para proteger la salud, la seguridad pública y el medio ambiente, de las acciones u omisiones de la prestadora o los usuarios. Estos controles son realizados por personal técnico y/o profesional que ha sido largamente especializado, y que actualmente cuentan con la experticia necesaria para llevarlas a cabo correcta y hábilmente.
Como si todo esto no fuera suficiente para justificar la permanencia o existencia del En.Re., es necesario aclarar que el Ente Regulador fue creado como un ente autárquico por la Ley N° 4836. Por lo cual es imprescindible dejar sin efecto esta Ley para cualquier acción que signifique eliminar o menguar el Organismo.
Pero, no solo esta Ley debe reformarse o dejarse sin efecto, toda vez que las facultades, competencia y funciones del En.Re. se encuentran plasmada en todo el marco regulatorio de aplicación, a saber: La Ley Provincial de Energía N° 4834, la Ley N° 4963, el Marco regulatorio de Agua Potable, los contratos de concesión, y las diversas y numerosas normas reglamentarias o decretos específicos, como por ejemplo, los decretos que establecen los diferentes subsidios. Estas son solo algunas de las normas que deberían modificarse en el caso de que se pretenda eliminar el En.Re.. Actuar de cualquier otra manera implica una clara violación a los preceptos de la Constitución Nacional y Provincial.
Estas son cuestiones legales que deben considerarse para proceder a la eliminación del En.Re., pero lo más importante que está en juego, es la desprotección o la vulneración de los derechos de los usuarios, los principales afectados en esta cuestión, toda vez que en caso de aprobación de un decreto al respecto, se afectarán fundamentalmente los controles de la prestación del servicio de las concesionarias, y consecuentemente, los derechos de los usuarios.
Finalmente, dado que la única premisa es la reducción de gastos del Estado, aclaramos que la erogación que implica el funcionamiento del En.Re. es mínimo, ya que el Poder Ejecutivo solo solventa los sueldos del personal del Organismo, el cual a su vez, es sumamente reducido y pertenece a la planta permanente de la Administración. La creación de un nuevo Organismo implica exponencialmente mayores gastos, y no solo de personal.
