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Esta semana, la diputada Adriana Díaz, presentó un proyecto  de adhesión a la ley  27.499  de Capacitación  Obligatoria en Género para todas las áreas que integran los tres poderes del Estado. La nueva normativa, conocida como “Ley Micaela” fue reglamentada este mes tras su sanción en diciembre pasado en el Congreso de la Nación,  y rige en el nivel nacional.

En sus fundamentos, Díaz explicó: “El 7 de abril del 2017 fue asesinada Micaela García, joven, estudiante, hija, militante, a quien la comunidad de Gualeguay y Concepción del Uruguay de la Provincia de Entre Ríos buscó denodadamente una semana entera. Micaela fue víctima de femicidio. El homicidio de la joven  es responsabilidad de un Estado que deja en indefensión a las mujeres y todas aquellas personas vulneradas por un sistema patriarcal, que responde a jerarquías sociales hegemónicas, las cuales se encuentran arraigadas en la cultura machista, amplificadas por instituciones públicas y privadas”, dijo

“La ley Micaela, es hoy una  realidad jurídica – social en nuestro país, que se suman a  otros cuerpos normativos en Argentina, tales como la ley 26.485 que garantiza todos los derechos reconocidos por la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer, la Convención sobre los Derechos de los Niños y la Ley 26.061 de Protección Integral de los derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes y, en especial, los referidos a una vida sin violencia y sin discriminaciones; la salud, la educación y la seguridad personal; la integridad física, psicológica, sexual, económica o patrimonial;  reproductiva, entre otras”.

“Los agentes del Estado tienen la responsabilidad de velar para que los derechos consagrados en nuestra Carta Magna sean aplicados, ejercidos y promovidos para la integración social, en el marco de los Derechos Humanos y de la convivencia democrática. Por lo que el presente proyecto tiene por objeto formar a las y los agentes de los distintos niveles y organismos del Estado, medida que responde a erradicar estereotipos que reproducen la discriminación, prácticas, ideas y culturas institucionales que obstaculizan el pleno ejercicio de derechos de las mujeres”, explicó.

En este contexto, señaló que en el 2014, Catamarca sancionó la Ley N° 5484 de Violencia Familiar y de Género de aplicación obligatoria en todos los estamentos. Datos proporcionados por el observatorio de Violencia de Género del Consejo Municipal de la Mujer de la Cuidad capital, dan cuenta que en el año 2017 se radicaron en las diferentes sedes judiciales 2.607 denuncias. En la primera mitad del año 2018 el total de denuncias en la unidad judicial especializada es de 603, podemos afirmar que cada 5,4 horas se tomo una denuncia por violencia de género en estas unidades judiciales”, contó.

“Estamos transitando un proceso de necesaria trasformación para la inclusión y equidad de género. Una demanda que el movimiento de mujeres en particular y la sociedad en su conjunto impulsa. Las masivas manifestaciones cada 3 de junio de #NIUNAMENOS y los Encuentros Nacionales de Mujeres, expresan la urgencia de lograr revertir las desigualdades entre hombres y mujeres y para esto, se requiere fortalecer un nuevo paradigma en todos los Poderes. Se requiere la institucionalización de la perspectiva de género en los ámbitos donde se diseñan las políticas públicas, se implementan y se aplican las leyes. Para ello, es preciso fortalecer las capacidades técnicas y humanas, diseñar y hacer cumplir políticas sensibles a la dimensión de género profundizar los análisis y diagnósticos que las originan, así como monitorear y evaluar las acciones propuestas”, concluyó.