El “paso a paso” del ministro de Economía, Martín Guzmán, comienza a tomar consistencia. A las definiciones de carácter político le suceden ahora las de pragmatismo acérrimo que, a no dudarlo, parece ser la marca registrada del gobierno de Alberto Fernández para 2021. En este contexto, el discípulo de Stiglitz acaba de sumar un nuevo elemento a la negociación con el FMI.

En numerosas entrevistas dadas durante el fin de semana, Guzmán sostuvo que a la hora de negociar con el Fondo “pone a la gente primero”. Así, aportó el que será el foco de la negociación de ahora en más: la posibilidad de que, en el nuevo programa con el organismo, la Argentina pueda enhebrar un programa económico plurianual. Dicho programa no es más que la hoja de ruta que alimentará el plan económico este año y que incorpora las metas fiscales, las proyecciones de inflación e incluso los niveles de reservas del BCRA “aceptables”. El rasgo particular es que ese plan será para los próximos años (en principio 2021, 2022 y 2023) y que, según comentaban fuentes del Gobierno anoche, podría ser ingresado al Congreso en las próximas semanas.

Sabido es que los contactos entre la Casa Rosada y el Fondo han asumido ya el carácter formal de negociación y que fuentes de ambos lados han confirmado la intención compartida de que las conversaciones entre el staff técnico del organismo y los funcionarios del equipo económico sean más profundas. Incluso el vocero del FMI, Gerry Rice, señaló que aguardan que el equipo económico termine de definir “su plan económico de mediano plazo”, lo que se traduce como un programa plurianual que, como se dijo, incluirá metas de acumulación de reservas, déficit e inflación. También se espera que en esas circunstancias Guzmán obtenga el aval del Congreso para negociar el nuevo acuerdo (programa) con el FMI, ya que tanto el ministro como el resto del equipo económico buscarán el aval del Palacio Legislativo para encarar el tramo final de las conversaciones que apunta a cerrarse antes del mes de mayo. A la vez, destacan que eso servirá para presentarle al FMI “los números” y despejar dudas que han aparecido en los últimos días en el sector privado.

“Ahora conducimos nosotros y la Argentina se debe a sí misma un programa macroeconómico plurianual”, subrayó el ministro. El funcionario cuestionó que durante el Gobierno de Mauricio Macri se acordó un programa que “se hizo de espaldas a la gente”. “Hay un compromiso de enviar un programa plurianual al Congreso de la Nación para estabilizar la macroeconomía y también ir definiendo reglas de juego con los distintos sectores”, expresó el titular del Ministerio de Economía.

“El objetivo también es enviar un proyecto de ley que potencia el desarrollo del sector en la generación de trabajo, exportaciones y producción en general”. El proyecto “establece un recorrido en donde haya un crecimiento convergente de las variables, un saneamiento fiscal y un establecimiento de metas de bajarlo progresivamente”, ha señalado Guzmán.

De fondo, se busca que el equipo económico sea apoyado por todo el arco político para que “no sea una política de gobierno sino que sea una política de Estado”.

Hasta la fecha, el recorrido que han dejado las conversaciones con el FMI se concentran en la idea de que el país recién comenzaría a pagar en 2025, el segundo año de la próxima presidencia. Para esa fecha, Guzmán espera que ya se haya superado la recesión y que haya una cierta estabilización macroeconómica. Como eventualmente el acuerdo a cerrar es de “Facilidades Extendidas”, este contempla por definición, planes de pago de entre 7 y 10 años. Es decir que el país debería repagar su deuda en ese plazo. Si el acuerdo se cierra en los próximos meses, esto implicaría, de todas formas, fuertes desembolsos anuales, algo que el Gobierno no quiere consensuar. Es decir que habría que contabilizar los tiempos desde el mismo momento en que se firme el eventual acuerdo con el FMI, aunque los pagos comiencen a desembolsarse años más tarde, lo que arrojaría la improbable cifra de hasta u$s 8000 millones anuales en pagos. Esa es la razón por la que en las próximas semanas se buscará “doblar” la normativa del FMI, para trazar un plan de repago que exceda ese límite y que la Argentina pueda repagar el préstamo en un plazo de 15 o hasta 20 años. La intención política es que el FMI reconozca que al otorgar el préstamo en la gestión Macri se excedió de lo establecido en el estatuto y que ahora, de la misma manera, utilice la misma mecánica para sortear las limitaciones de plazo que impone el acuerdo de Facilidades Extendidas. Sin embargo, y adelantándose a lo que podrían ser las condicionalidades que suelen acompañar estas gestiones, el ministro señaló que el programa que se le plantea al FMI “es muy distinto a la contracción fiscal y monetaria adoptadas en 2018” por el gobierno de Mauricio Macri al recurrir al Fondo. “Estamos trabajando de una forma constructiva para llegar a un acuerdo. Es un programa que es nuestro programa. Argentina conduce lo que consideramos que es bueno y sano para Argentina. Ese programa lo necesitamos independientemente de la presencia del FMI. Como sociedad nos debemos un programa plurianual en el que definíamos hacia dónde vamos y como vamos hacia dónde queremos ir, de forma consistente y respetando lo que se planea. Eso lo tenemos que hacer independientemente del Fondo. El Fondo es una circunstancia”, dijo en los últimos días.