A partir de la primera hora del jueves, en la ciudad de Buenos Aires comenzará a funcionar el Sistema de Reconocimiento Facial de Prófugos (SRFP). Se trata de un mecanismo que operará directamente con otro sistema, el de Consulta Nacional de Rebeldías y Capturas (CONARC). El objetivo es colaborar con la Justicia argentina para lograr disminuir la lista de 46 mil prófugos judiciales a nivel nacional.

El programa fue presentado por Diego Santilli, vicejefe de gobierno porteño y ministro de seguridad, quien sostuvo: “Es un paso más del programa de seguridad integral para la ciudad de Buenos Aires. Es ir a buscar y detener a los más de 40 mil prófugos que tiene el sistema judicial en la Argentina: 1.300 por homicidio, 1.500 por delitos sexuales, 15.000 robos y hurtos, 2.300 por narcotráfico… Delincuentes buscados por la Justicia, la cual le pide a todas las fuerzas de seguridad que se los traiga a disposición”.

El SRFP está destinado a la detección, verificación, identificación y detención de personas sobre las cuales exista una orden de captura. El CONARC actualizará el listado todos los días a las 7 de la mañana, lo que le permitirá al SRFP actualizarse automáticamente.

Para su desarrollo se utilizarán 300 de las más de 7.000 cámaras de monitoreo que posee la ciudad. A través de un software ruso, cada cámara tendrá una licencia. Las mismas serán rotadas durante las 24 horas considerando los diversos puntos en donde haya más tránsito de personas.

“El objetivo es que estos delincuentes no convivan con nosotros todos los días. La primera garantía es la de la privacidad: el sistema sólo trabaja con los prófugos aportados por el CONARC, una base pública que puede leer cualquier ciudadano del país”, explicó Santilli.

Mediante el reconocimiento facial se generarán alertas de detención de personas buscadas exclusivamente por orden judicial. “El porcentual de acertividad es de 93% en el total de pruebas que se realizaron. Es uno de los mejores reconocimientos faciales de prófugos del mundo, en los máximos estándares internacionales”, explicó Cecilia Amigo, jefa de gabinete de la secretaría de Administración de Seguridad.

El software costó $2.300.000 y tendrá validez por 17 meses. En el monto se contemplaron los servidores de procesamiento, el desarrollo, las licencias mencionadas y la instalación de nuevas cámaras de seguridad.

“Detecta rostros de perfil, con gorra, capucha y semicubiertos. En todas las pruebas que hicimos fuimos cambiando la fisonomía (la barba, por ejemplo) de la persona. Todo cambio fuera de los rasgos faciales los detecta absolutamente. Si la persona lleva un casco de moto puesto no. Las pruebas fueron 100% eficientes“, sostuvo Amigo.

“Podemos ampliar las licencias al 100% cuando lo decidamos o necesitemos. Desde la arena operativa sería imposible cumplir con la demanda que se requeriría para completar el total de las cámaras”, aclaró la jefa de gabinete.

Aníbal Falivene, subsecretario de Investigaciones y Estadística Criminal, manifestó que las fotografías son “entregadas por un convenio que firmamos con el Registro Nacional de las Personas (RENAPER). El extranjero que no haya tramitado el DNI no va a estar. Sí va a estar en otro tipo de bases, como por ejemplo las fotografías que aporte Migraciones”.

Cuando el sistema detecte una coincidencia, el Centro de Monitoreo Urbano procederá a generar una carta de servicio y dará aviso al personal policial más cercano para que intervenga, actuando de conformidad con los protocolos que rigen la Línea de Atención de Emergencia del 911.

“Tenemos desarrollada una app específica, que alerta estos positivos que llegan a los teléfonos institucionales de los efectivos lindantes a la cámara que emite el alerta. Además de incluir el nombre, el apellido, la tipología de causa y las imágenes de la persona buscada, también se compartirá un mapa específico que indicará cuál es la cámara que emitió ese alerta“, dijo Amigo.

En cuanto a los datos biométricos de las personas no buscadas, los funcionarios explicaron que no serán guardados en la base de datos. De quienes sí lo sean, el sistema archivará el resultado durante 60 días.

“Son delitos muy graves, no es cualquier cosa. Si sirve estamos a disposición para ayudar. Podemos poner este sistema porque venimos haciendo la arquitectura a través de cámaras 4K y HD desde hace dos años. No digo que las anteriores hayan sido malas, sino que era lo que había en su momento”, concluyó Santilli.