miércoles, diciembre 4, 2024
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Rosario: seis madres fueron autorizadas por la Justicia a cultivar cannabis para sus hijos

La jueza federal Sylvia Aramberri además le exigió al Estado que en seis meses cumpla con su deber de “plantar, cosechar, cultivar y acopiar” marihuana, como dicta la ley de uso medicinal votada en 2017

Pasan los meses y la ley de uso medicinal del cannabis, que aprobó el Senado en marzo de 2017, no se activa.

El Estado argentino no cultiva la planta de marihuana, ni produce aceites, ni amplía el permiso de importación de éstos a personas que no sean epilépticos ni permite el cultivo personal.

Como consecuencia directa de estas limitaciones y de la creciente demanda, son cada vez más los recursos de amparo que la Justicia recibe para que respalde a los usuarios a mantener el tratamiento con esta planta milenaria.

Y la forma es a través del cultivo en sus propias casas. Así las cosas seis madres rosarinas consiguieron que la Justicia les permita hacerlo para sus hijos enfermos.

La jueza federal de Rosario Sylvia Raquel Aramberri admitió el jueves pasado la medida cautelar solicitada por Carina Soledad Prieto, Amalia
Luciana Rita Angelicola, Natalia Elina Porcile, Natalia Teresita Mola, Natalia Noelia Kaliroff y Fernanda Daniela Masin, en representación de sus hijos e hijas menores de edad que, por diversas patologías, necesitan de la planta de cannabis.

Originalmente eran ocho mamás, pero una quedó excluida momentáneamente porque su hija es mayor de edad, y la otra, Erica Rojas, fundadora del proyecto, porque su hijo Santino, de tres años, falleció durante el trámite judicial.

Se trata del primer caso de amparo colectivo en el país relacionado al cultivo de marihuana, algo que está prohibido y que, de acuerdo a la ley de drogas actual, es considerado un delito que contempla hasta 15 años de prisión.

Asesoradas por la Asociación de Usuarios y Profesionales para el Abordaje del Cannabis (AUPAC) y la Facultad de Ciencias Bioquímicas y Farmacéuticas de la Universidad Nacional de Rosario, donde prueban sus aceites, y representadas por dos abogadas del partido local Ciudad Futura, las madres consiguieron un marco de protección ante la posibilidad de ser consideradas narcotraficantes, al menos hasta que el Estado les provea, como debería, de la sustancia.

De hecho, la jueza Aramberri ordenó en su fallo al Ministerio de Salud y Desarrollo Social “la inmediata operatividad en su deber de plantar, cosechar, cultivar y acopiar la Planta de Cannabis y sus derivados a los fines del suministro gratuito e ininterrumpido a los amparistas del aceite medicinal, en la variedad y composición prescripta por el cuerpo médico tratante”.

Los beneficiarios de la medida judicial, a través de sus mamás, son seis chicos y chicas, como Juan Cruz Osuna Prieto, de 8 años, que padece Síndrome de Asperger, con trastornos en el desarrollo del habla y del lenguaje, de las habilidades escolares y del desarrollo psicológico.

“Se integra socialmente, te mira a la cara, hay un ida y vuelta, mejoró su comunicación, puede ir a casa de amigos, a marchas, bajó su hiperactividad, puede ir al cine, se sienta a comer, concurre al Colegio Normal Nº 2 a segundo grado. Nos cambió la vida el tratamiento (…) pudo construir un vínculo con su padre”, contó su mamá, Carina Prieto.

La médica Sofía Maiora, que hace un seguimiento de todos los casos incluidos en el amparo, explicó ante la jueza que Juan Cruz logró a partir del consumo de aceite de cannabis una “mejoría de sus síntomas centrales, habiendo mejorado drásticamente su comportamiento social, conexión con el remedio y disminución de conductas repetitivas como el aleteo logrando inclusión escolar y logrando por primera vez vínculos con sus pares. Asimismo se ha observado mejoría en el lenguaje”.

Fiamma Bolletino tiene siete años y sufre parálisis cerebral. Desde que comenzó a usar aceite de marihuana consiguió mejorar sus movimientos y pudo comer sola, sin ayuda, y dar más de cuatro pasos sin necesidad de usar el andador. Además se le redujeron los espasmos.

Por eso el grupo de madres solicitó a la Justicia que le ordene al Estado el suministro de aceites, cremas y flores de cepas identificables con balances derivados de las moléculas CBD y THC, en cantidad suficiente para su rotación, ya que en general los organismos van generando resistencia a la sustancia y es necesario cambiar.

Y además, que mientras tanto puedan cultivar y fabricar el aceite en sus casas con la asistencia de los profesionales de la Universidad Nacional de Rosario.

“En casa mi nena de 12 cada vez que ve por la tele que detienen a alguien por marihuana me pregunta si voy a ir presa. Por suerte ahora le puedo decir que no, y podemos cultivar la planta para su hermanito”, cuenta emocionada a Infobae Natalia Porcile, mamá de Joaquín, de siete años, con una epilepsia muy difícil de tratar.

A partir del uso de cannabis, el hijo de Porcile disminuyó la cantidad de convulsiones y mejoró mucho el sueño y el trato. Pero le fue mejor con el aceite artesanal que con el Charlotte, que es el único aceite cuya importación está permitida por el Estado.

“La vida me cambió con el aceite. El ahora puede dormir bien, eso ya es un montón. Y está mucho más conectado, antes no daba bolilla, ahora lo llamás y mira. Es increíble cómo cambió Joaquín”, relata Natalia.

Además de la médica Maiora, también testificó ante la jueza el decano de la Facultad de Ciencias Bioquímicas y Farmacéuticas de la UNR, Esteban Serra, quien explicó cómo trabajaron con estas madres para testear el aceite que ellas producen y asociarlo a los efectos de cada cepa sobre cada chico que lo toma.

Por eso, en sus conclusiones la jueza Aramberri escribió: “En concreto el tratamiento ha atenuado los síntomas nocivos de las graves patologías que padecen y mejorado sustancialmente la calidad de vida de los niños. También ha quedado demostrado con el grado de probabilidad propio de esta etapa procesal que la suspensión del tratamiento si bien no ocasiona perjuicio específico, produce la pérdida del beneficio terapéutico logrado en niños que hoy se encuentran estabilizados”.

Aunque es el primero colectivo, en efecto se trata del tercer amparo de este tipo que tiene curso en el país. En julio, la jueza federal de Viedma Mirta Susana Filipuzzi resolvió que María Eugenia Sar, abuela de Joaquín Navarro (7), pueda mantener el cultivo de plantas en su casa de Las Grutas, Río Negro, y también habilitó al abuelo, el médico Gabriel Navarro, a que siga con la producción de aceite a partir de las cosechas que obtiene Sar. Y en marzo, el juez federal de Salta Julio Balvio autorizó a cultivar 12 plantas a los padres de un nene de seis años que padece neurofibromatosis.

Las madres rosarinas se organizaron junto a AUPAC, que les proveyó de asesoramiento médico y contención psicológica, y el año pasado se acercaron al Concejo Deliberante de Rosario para pedir ayuda a los legisladores. El bloque de Ciudad Futura las escuchó y luego se sumaron al apoyo el resto de los bloques, excepto el de Cambiemos. “Pedimos que las fuerzas de seguridad se abstengan de perseguir a las mamás porque no es delito tener plantas en una casa sin molestar a los demás, no estábamos pidiendo autorización”, contó Gabriela Durruty, una de las dos abogadas junto a Jésica Pellegrino que patrocinaron a estas mujeres.

“Fue un golazo”, comenta con alegría Durruty, y agrega: “Más allá de la medida, está bueno destacar que la jueza le ordena al Estado que en seis meses empiece a cultivar, acopiar y a repartir aceites gratis para todos. La idea de fondo de la medida es que el Estado provea a cada persona”.

“Esta situación de omisión por parte del Estado a un mandato expreso y claramente determinado en la ley 27.350 (de uso medicinal del cannabis), legitima la conducta de las amparistas, quienes ante la urgencia en atender las patologías de sus niños, se han visto forzadas a obtener la medicación por otra vías ajenas al resorte Estatal”, concluyó al respecto la jueza.

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