El oficialismo nacional difundió un comunicado en redes sociales en el que aseguran que el reclamo de miles de estudiantes y docentes se trata de una maniobra que intenta “instalar, escudándose detrás de una causa noble, que el Gobierno quiere desfinanciar las universidades”.
Pocas horas antes de la masiva movilización nacional en defensa de la educación pública, desde el seno de La Libertad Avanza (LLA) emitieron un comunicado oficial este martes en el que califican a la manifestación como “una marcha política opositora”.
De esta manera, el oficialismo minimizó el reclamo de miles de estudiantes y la Marcha Federal Universitaria convocada para este martes a las 17 en Plaza de Mayo, al considerar que se trata de una maniobra de “la política” que intenta “instalar, escudándose detrás de una causa noble, que el Gobierno quiere desfinanciar las universidades”.
Desde el espacio libertario se apoyaron en el reciente fallo que emitió la Sala III de la Cámara Contencioso Administrativo Federal concedió un Recurso Extraordinario Federal, mediante el cual se garantiza que la Ley de Financiamiento Universitario “seguirá suspendida hasta tanto se expida la Corte Suprema de Justicia de la Nación“.
Para LLA, esta ley es inviable desde su origen por tratarse de una normativa que “nació suspendida en su ejecución” debido a que los legisladores “no determinaron en el Congreso de la Nación las fuentes de su financiamiento“. Ante este escenario, el espacio creado por el presidente Javier Milei sostiene que la aplicación de la ley ”equivale a un gasto total de 1,9 billones de pesos“.
Y en este sentido, argumentaron: “Esta administración tiene el compromiso inquebrantable de sostener el equilibrio fiscal. Porque no hacerlo implicaría más impuestos o emisión monetaria, lo que se traduce, siempre y en todo lugar, en más inflación y más pobreza”.
En respuesta a las críticas recibidas por el desfinanciamiento universitario, desde el Gobierno aseguraron que “ha cumplido con sus obligaciones y ha transferido mensualmente el presupuesto asignado a las universidades naciones en concepto de gastos de funcionamiento”.
“Incluso, en el Presupuesto 2026 la partida destinada a las universidades creció y pasó a 4,8 billones de pesos en 2026”, puntualiza el comunicado.
Por último, el Gobierno se diferenció de la gestión anterior, durante la cual, según dice el comunicado oficialista, se transferían los fondos a las universidades “hasta con cuatro meses de atraso, y en el marco de una inflación del 211,4% anual”.
Los reclamos principales son el incumplimiento de la Ley de Financiamiento Universitario por parte de la Casa Rosada, la desobediencia de fallos judiciales que ordenaron en dos instancias el cumplimiento inmediato de los artículos 5 y 6 de la ley —que refieren a la recomposición de salarios y becas—, la caída del financiamiento del sector y los salarios en caída libre, entre otros puntos.
La movilización llega en un momento de máxima tensión judicial: la semana pasada, la Sala III de la Cámara Contencioso Administrativo Federal habilitó al Gobierno a llevar la disputa por la Ley de Financiamiento Universitario directamente a la Corte Suprema de Justicia de la Nación, con efecto suspensivo sobre la cautelar que obligaba al Estado a transferir fondos al sistema universitario.
