En la sesión de ayer, la Cámara de Diputados dio aprobación a un proyecto de Ley por el cual se regula el servicio de transporte de pasajeros contratado mediante plataformas digitales.

El objetivo es adaptar la legislación a los cambios introducidos por las tecnologías digitales en el transporte de pasajeros apuntado a que la regulación del servicio  contribuya a establecer un equilibrio entre la innovación tecnológica y seguridad, garantizando condiciones justas y seguras para usuarios y los prestadores. Cabe señalar que a la iniciativa, que ya tenía media sanción del Senado, se le introdujeron modificaciones por lo cual vuelve a la Cámara Alta para su revisión.

El diputado Ramón Figueroa Castellano (Frente de Todos) destacó la urgencia de abordar la falta de regulación en este sector señalando que “es de interés público para la provincia y para los municipios”. Enfatizó que la prestación del servicio de transporte a través de plataformas digitales no se limita a una mera intermediación, sino que implica una oferta pública de servicios que debe ajustarse a las normativas provinciales y municipales. El legislador propuso modificaciones al texto original, centrándose en aspectos clave como el ámbito de aplicación y los requisitos para los conductores: “Es imprescindible exigir el cumplimiento de las normas en condiciones de igualdad para garantizar la seguridad de la ciudadanía”.

Castellanos propuso modificaciones al texto original, centrándose en aspectos clave como el ámbito de aplicación y los requisitos para los conductores: “Es imprescindible exigir el cumplimiento de las normas en condiciones de igualdad para garantizar la seguridad de la ciudadanía”. En cuanto a los cambios, indicó que el artículo tercero dispone que para “el servicio general de transporte de pasajeros contratados a través de plataformas digitales los titulares de los vehículos afectados a estos servicios para ser considerados como tales deben cumplir con la regulación y la reglamentación que a los fines de la explotación del servicio de transporte de pasajeros prevé en cada ejido municipal en donde se presenta a ejercer la actividad. sometiéndose en consecuencia al cumplimiento de los requisitos personales y funcionales que la autoridad determine en el efecto”. Al mismo artículo sugirió la incorporación del inciso F para “acreditar la contratación de los siguientes seguros: responsabilidad civil por lesiones o muertes de terceras personas no transportadas o daños materiales sin límite de monto; accidente a la persona transportada sin monto; seguro de vida para el conductor”.

De la misma manera, promovió la modificación del artículo 4 sobre el precio de servicio. “Los montos que los usuarios deben abonar por el uso de servicio de plataformas digitales serán los correspondientes a la tarifa existente en el ejido municipal donde se preste el mismo y en caso de falta de determinación de tarifa en ejido de prestación, será determinado de manera excepcional por la autoridad de aplicación en consonancia con las tarifas ya existentes en los ejidos que cuentan con las reglamentación”. 

Alfredo Marchioli, (UCR-JxC) respaldó las modificaciones propuestas, subrayando la necesidad de igualdad de condiciones para todos los emprendedores en el sector del transporte. Gustavo Aguirre, (FT), reflexionó sobre la inevitabilidad de la llegada de plataformas digitales al ámbito del transporte. En este sentido, contempló que “la prohibición es como pretender tapar el sol con las manos” y reconoció la necesidad de regulación para evitar la competencia desleal y garantizar la seguridad pública. Tiago Puente, en tanto, aclaró que “esto no es una ley antiUBER o prohibición de UBER, hay que decirlo con claridad, puesto que la aplicación va a seguir funcionando” mientras Juana Fernández señaló la necesidad de regular la actividad. 

Las intervenciones de legisladores como Adriana Diaz, Natalia Ponferrada, Pablo Castro, María Argerich y Hugo Ávila aportaron perspectivas diversas sobre el impacto y la necesidad de regulación en el ámbito del transporte digital dentro de la provincia.