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La delegación en Catamarca del Instituto Nacional contra la Discriminación, la Xenofobia y el Racismo (INADI), participó ayer de la sesión del Concejo Deliberante de Fray Mamerto Esquiú en donde se trato y se aprobó el Proyecto de Ley de Cupo Laboral Trans.

La delegada del INADI, Maria Luisa Moreno, quien fuera consultada a principio de este mes por dicho Concejo para interiorizarse en la temática de Diversidad Sexual, participó de la sesión y al tomar la palabra expreso su satisfacción por la desición de la comuna en dar la ampliación de Derechos Laborales a las personas trans residentes en su territorio, marcando un precedente importante, “espero que este sea el primer paso para que todos los municipios sigan el ejemplo de Fray Mamerto Esquiu” dijo Moreno.

El proyecto fue presentado por la Asociación Siempre Diversidad Catamarca (ASDA) e iniciado por la concejal Susana Acosta y el concejal René Romero, quienes realizaron la entrega de la aprobación de la Ley a la Asociación de Travestis, Transexuales y Transgéneros de la Argentina (ATTTA) y ASDA, presentes en la sesión. “Esta Ley viene a saldar una deuda con ustedes” manifestó la concejal Acosta dirigiendose a las personas trans presentes.

A pesar de que la sanción de la Ley de Identidad de Género produjo un impacto notoriamente positivo en las condiciones y calidad de vida de las personas trans, las mismas aun se encuentran en una situación de vulnerabilidad debido al estigma y la discriminación. La precariedad laboral es una de las características que afecta a la población. La proporción de quienes trabajan en el sistema formal es baja y, como consecuencia, sólo 1 de cada 10 hombres y mujeres trans tiene aportes jubilatorios.

La Ley de cupo laboral para las personas trans, responde a una necesidad urgente que tiene la poblacion trans, la cual está atravesada por un contexto de persecución, exclusión y marginación, teniendo grandes dificultades para el acceso a la igualdad real de oportunidades y de trato. La mayoría vive en extrema pobreza, privadas de los derechos económicos, políticos, sociales y culturales, habiendo sido expulsadas desde niños/as de sus hogares y del ámbito escolar, quedando como única alternativa de subsistencia el ejercicio de la prostitución, lo que implica una expectativa de vida de 35 años.

Prensa INADI