La inseguridad alimentaria afectó al 35,5% de niños y adolescentes, según registró un informe del Observatorio de la Deuda Social de la UCA. El impacto de esta problemática estructural de salud en el desarrollo infantil.
Según un informe del Observatorio de la Deuda Social Argentina de la Universidad Católica Argentina (UCA), el 35,5% de los niños, niñas y adolescentes en el país atravesó inseguridad alimentaria en 2024, y el 16,5% experimentó su forma más severa.
Este dato refleja una crisis en crecimiento que no solo afecta la salud y la calidad de vida de los menores, sino que también pone en riesgo su desarrollo.
El estudio, que se basa en datos de la Encuesta de la Deuda Social Argentina (EDSA) durante el período 2010-2024, revela una tendencia sostenida al alza, con picos alarmantes en los años 2018, 2020 y 2024.
Tal como ha divulgado la Organización de las Naciones Unidas (ONU), la inseguridad alimentaria tiene que ver con la falta de acceso regular a suficientes alimentos inocuos y nutritivos para un crecimiento y desarrollo normales y para llevar una vida activa y saludable.
En el país, esta situación se ve agravada por factores estructurales como la pobreza, la precariedad laboral y el desempleo, que continúan marcando la desigualdad social.
Uno de los principales hallazgos del informe llamado “Inseguridad alimentaria en la infancia argentina: un problema estructural observado en la coyuntura actual”, publicado por las autoras Ianina Tuñón y Valentina González Sisto, es que la inseguridad alimentaria afecta principalmente a los hogares más vulnerables, aquellos con jefes o jefas de hogar con empleos precarios, familias monoparentales y hogares numerosos.
De acuerdo con el documento, aproximadamente 4,3 millones de niños, niñas y adolescentes en Argentina enfrentan dificultades en cuanto a su acceso a los alimentos, y una parte significativa de ellos lo hace en condiciones severas.
El impacto de la inseguridad alimentaria en los infantes es profundo y afecta su bienestar general. No solo se trata de una carencia de alimentos, sino también de una falta de nutrientes esenciales que son cruciales para el desarrollo físico y cerebral durante los primeros años de vida.
Según indica la Organización Mundial de la Salud (OMS), la desnutrición, derivada de la inseguridad alimentaria, es uno de los factores clave que contribuye a los problemas cognitivos en los niños, afectando su memoria, su capacidad de aprendizaje y su rendimiento académico.
Además, el hambre crónica puede tener efectos a largo plazo, ya que puede provocar un aumento en el riesgo de enfermedades como la diabetes, las afecciones cardíacas y el sobrepeso.
El informe también hace hincapié en que, si bien hubo políticas públicas que han tenido un impacto protector en contextos críticos, estos esfuerzos son limitados frente a los factores estructurales persistentes que afectan a los hogares más vulnerables.
A su vez, aunque las transferencias sociales han ayudado a mitigar el impacto de la inseguridad alimentaria en ciertas familias, el desempleo, la inestabilidad laboral y la pobreza siguen siendo los principales factores que mantienen a millones de niños en una situación de vulnerabilidad constante.
El documento también examina la problemática según la región. El Área Metropolitana del Gran Buenos Aires (AMBA) muestra mayores niveles de inseguridad alimentaria que el interior, especialmente a partir de 2017. En contextos de crisis, esta condición tiende a aumentar más en el AMBA, aunque hacia 2024 ambas regiones presentan niveles similares debido a un incremento en el interior del país.
La desigualdad estructural y sus consecuencias en el aprendizaje
La relación entre la asistencia escolar y la inseguridad alimentaria también es abordada. Los niños, niñas y adolescentes en hogares con al menos un menor con déficit educativo presentan niveles sistemáticamente más elevados de inseguridad alimentaria.
“La permanencia escolar opera como un factor de protección frente al agravamiento de la inseguridad alimentaria”, sostiene el informe, que subraya la importancia de garantizar el derecho a la educación como vía para fortalecer el derecho a la alimentación.
