La concejal Gilda Godoy exige respuestas por denuncias de corrupción y maltrato en el municipio

 La concejal de la Capital por la UCR, Gilda Godoy, realizó fuertes declaraciones en Radio Ancasti sobre una serie de denuncias que involucran a la Dirección de Infraestructura y Urbanismo del municipio. Entre las acusaciones, se mencionan presuntos actos de corrupción, maltratos laborales y el deterioro del parque automotor.

Godoy explicó que el viernes pasado, empleados de la dirección llevaron adelante una medida de fuerza en reclamo de diversas irregularidades. “La situación interna ha colapsado, y los trabajadores manifestaron hechos que ameritan una investigación urgente”, afirmó la edil.

Uno de los principales señalamientos apunta a una empresa privada que, según las denuncias, factura al municipio por trabajos que no realiza. “Esto es corrupción y, de comprobarse, debe ser denunciado penalmente”, enfatizó Godoy. Además, denunció que la misma empresa realiza demarcaciones de asfalto en zonas donde no es necesario el bacheo.

Otro hecho preocupante es la denuncia penal de una empleada contra dos compañeros por hostigamiento y agresiones físicas. “No se han tomado medidas al respecto. Esto no puede quedar en la impunidad”, advirtió.

La concejal también criticó el estado del parque automotor municipal, asegurando que gran parte de los camiones y maquinarias están fuera de servicio, lo que obliga a alquilar vehículos por montos millonarios.

En este contexto, Godoy presentó un pedido de informes dirigido al secretario de Infraestructura y Urbanismo, Javier Varela, para que explique la situación. “Decir que esto es solo un problema interno entre empleados es minimizar los hechos. No podemos maquillar un posible caso de corrupción de esa manera”, cuestionó.

Además, señaló que el municipio incumple con la ordenanza de transparencia fiscal y acceso a la información pública. “No se actualiza la información sobre los recursos económicos, las contrataciones de empresas ni la ejecución presupuestaria”, sostuvo.

El pedido de informes tiene un plazo de respuesta de diez días. “Si no obtenemos respuestas, solicitaremos la intervención de la justicia para que investigue estos hechos denunciados públicamente”, concluyó Godoy.