El Senado de Catamarca, encabezado en la oportunidad por el presidente provisorio Horacio Gutiérrez, se reunió este mediodía en su segunda sesión ordinaria. En este marco se aprobaron un total de ocho proyectos, entre ellos, leyes referidas exclusivamente a la violencia.
Contando con despacho de Comisión, el Senado determinó ser incorporado al Orden del Día y dar media sanción al proyecto de Ley impulsado por la Comisión Bicameral de Niñez y Adolescencia del Poder Legislativo, mediante el cual la Provincia de Catamarca adhiere a la Ley Nacional N° 27.709 “Ley Lucio” sancionada en abril pasado y que crea el “Plan Federal de Capacitación sobre Derechos de los Niños, Niñas y Adolescentes”.
A través de dicha Ley, que fue defendida en el recinto por la senadora Susana Díaz y a la que acompañó el senador Ariel Cordero, como miembros de la Comisión integrada también por otros Senadores y Diputados, se autoriza al Poder Ejecutivo Provincial a determinar la Autoridad de Aplicación y reglamentar las disposiciones de la presente Ley en un plazo no mayor a los ciento veinte (120) días de su promulgación.
La normativa busca prevenir la violencia y abuso en la infancia de niños, niñas y adolescentes, a través de capacitaciones obligatorias para los funcionarios de los tres poderes del Estado, también la creación de campañas de concienciación para la población en general a los fines de que se involucren en la promoción y defensa de los derechos de los niños, niñas y adolescentes. De igual manera, se plantea la creación de un Plan Federal de Capacitación de carácter continuo, permanente y obligatorio en Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes (NNyA) dirigido a todas las personas que se desempeñen en la función pública en todos sus niveles y jerarquías de los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial.
La normativa nacional plantea también la importancia de un protocolo de actuación en conjunto con el Poder Ejecutivo y Judicial de la Nación para las fuerzas de seguridad, instituciones educativas y de salud y demás organismos administrativos de niñez y autoridad judicial con competencia en familia. La finalidad es establecer una nómina de indicadores de riesgos para los distintos tipos de maltrato infantil, unificando los criterios en coordinación con los entes provinciales que garanticen trazabilidad de las denuncias, y establecer mecanismos accesibles y apropiados para garantizar la igualdad del acceso del niño, niñas y adolescente al servicio de justicia.
Otro eje central de esta norma es la protección de los denunciantes en reserva de identidad, considerando igualmente que
miembros de los establecimientos educativos y de salud, públicos o privados y todo agente o funcionario público que tuviere conocimiento sobre algún acto de violencia contra niños, niñas o adolescentes, deberá comunicar dicha situación ante las autoridades competentes, quienes tienen el deber de recibir y tramitar la denuncia correspondiente, conforme lo establecido en la Ley N° 26.061 de Protección Integral de los Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes y la Ley N° 27.455 de Abuso en la Infancia.
