jueves, noviembre 20, 2025
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LA JUSTICIA FEDERAL LE DIO LA RAZÓN AL DEFENSOR DEL PUEBLO Y ORDENÓ LA RESTITUCIÓN INMEDIATA DE TODAS LAS PENSIONES POR INVALIDEZ

La Justicia Federal dictó sentencia definitiva en el amparo colectivo iniciado en Catamarca y ordenó al Estado Nacional restituir todas las pensiones por invalidez suspendidas de manera irregular bajo el Decreto 843/24. La decisión alcanza a más de 119.000 familias en todo el país, que habían perdido su ingreso esencial por un procedimiento que la Justicia calificó como arbitrario, carente de legalidad y ejecutado sin acto administrativo válido.

UN PROCESO QUE COMENZÓ EN SEPTIEMBRE Y AFECTÓ A MILES DE PERSONAS

El 12 de septiembre de 2025, el Juzgado Federal de Catamarca dictó una medida cautelar urgente que ordenó restituir las pensiones suspendidas en la provincia. El Tribunal constató que cientos de personas con discapacidad se enteraron de la suspensión de sus haberes de manera abrupta, sin aviso formal ni fundamentos, y que las auditorías de la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS) se habían realizado con múltiples irregularidades: notificaciones defectuosas, escaso tiempo para presentarse y exigencias incompatibles con la situación del colectivo afectado.

Pocos días después, el Tribunal extendió esa cautelar a todo el país, al determinar que se trataba de un conflicto homogéneo y masivo que requería una respuesta judicial unificada. La suspensión irregular había alcanzado a más de 119.000 titulares, muchos de los cuales quedaron en situación de extrema vulnerabilidad.

LA SENTENCIA DEFINITIVA CONFIRMA QUE LAS BAJAS FUERON ILEGALES

En noviembre de 2025, la Justicia Federal resolvió el fondo de la cuestión y dictó la sentencia definitiva, calificando el accionar de la Administración como “vías de hecho”, es decir, decisiones ejecutadas sin acto administrativo previo, sin motivación y sin garantizar el debido proceso.

El juez remarcó que la suspensión masiva violó derechos esenciales protegidos por la Constitución y los tratados internacionales:
• Derecho a la defensa
• Derecho a la salud
• Derecho de propiedad
• Derecho a una subsistencia digna

La resolución expresa que:
• Las pensiones no contributivas forman parte del patrimonio de sus titulares y no pueden ser suspendidas sin acto administrativo válido.
• La Administración actuó de manera material, sin sustento jurídico, lesionando gravemente derechos fundamentales.
• El procedimiento utilizado por ANDIS careció de garantías básicas y resultó incompatible con la tutela especial que el Estado debe a las personas con discapacidad.

Por estos motivos, la Justicia Federal ordenó:
• Restituir todas las pensiones suspendidas o retenidas.
• Devolver todos los haberes adeudados.
• Cumplir la totalidad de la medida en un plazo máximo de 24 horas.

EL ROL DETERMINANTE DEL DEFENSOR DEL PUEBLO, DR. DALMACIO MERA

La causa, caratulada “Defensor del Pueblo y otros c/ Estado Nacional – ANDIS”, fue impulsada por el doctor Dalmacio Mera, quien actuó en representación de personas con discapacidad y asociaciones civiles afectadas por las suspensiones. El Tribunal reconoció su legitimación extraordinaria y subrayó que su intervención fue decisiva para frenar una política que había generado un impacto social de enorme magnitud.

El fallo también destacó que, ante la vacancia del cargo de Defensor del Pueblo de la Nación, la participación de la Defensoría del Pueblo de Catamarca resultó indispensable para garantizar el acceso a la Justicia de miles de personas que no podían litigar individualmente.

UN PRECEDENTE FEDERAL DE ALCANCE NACIONAL

Con esta sentencia definitiva, la Justicia Federal:
• Declara ilegales y arbitrarias las bajas masivas de pensiones.
• Restablece el derecho de más de 119.000 personas a percibir un beneficio alimentario esencial.
• Reafirma la importancia del control judicial frente a actos administrativos irregulares.
• Reconoce el papel fundamental del Defensor del Pueblo de Catamarca como garante de los derechos de un colectivo altamente vulnerable.

La resolución se inscribe como un precedente histórico en la defensa de los derechos de las personas con discapacidad y restablece la protección social a miles de familias que habían sido injustamente privadas de su pensión.

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