La Justicia federal dictó una medida cautelar que frenó parcialmente la resolución del Gobierno nacional que ordenaba el cierre de más de 600 servicios del Instituto Nacional de Tecnología Industrial (INTI).
La sentencia le puso un límite temporal a la Resolución 42/2026, publicada en abril, que contemplaba la baja de distintas prestaciones técnicas, de certificación y asistencia industrial brindadas por el organismo estatal.
El freno judicial fue dictado por el juez subrogante Elpidio Portocarrero Tezanos Pinto, a partir de la medida cautelar presentada por la Asociación Trabajadores del Estado (ATE).
Además, el Juzgado Federal en lo Civil, Comercial y Contencioso Administrativo N° 2 de San Martín dispuso la continuidad de los programas de asistencia técnica, ensayos, certificaciones y transferencia tecnológica bajo la órbita estatal del organismo.
Según el gobierno del presidente Javier Milei, el objetivo de la medida era reducir costos y avanzar en una “simplificación administrativa”, como parte del plan “motosierra” de reestructuración y ajuste.
El fallo hizo lugar parcialmente a una presentación impulsada por sectores gremiales y trabajadores del instituto, que habían advertido sobre el impacto de la resolución tanto en los puestos laborales como en el funcionamiento operativo del INTI.
La resolución judicial otorgó una protección provisoria a las áreas alcanzadas, mientras continúa la discusión de fondo sobre la legalidad de la medida oficial.
