Alfredo Marchioli cuestiona la gestión minera, el presupuesto 2025 y la política tributaria

El diputado provincial Alfredo Marchioli (UCR) expresó fuertes críticas hacia el gobierno provincial respecto a temas clave como la venta de la empresa Livent, el presupuesto 2025 y la política impositiva. Durante una serie de declaraciones, Marchioli subrayó preocupaciones sobre la falta de transparencia y la gestión de recursos públicos.

Marchioli destacó la importancia de garantizar la responsabilidad social y ambiental de Livent antes de que se concrete su venta. “Nuestro objetivo es analizar el accionar de los funcionarios que representan a la provincia en este contexto. Es fundamental que el Ministerio de Minería y ARCaT expliquen las medidas adoptadas para asegurar que la empresa cumpla con los acuerdos sociales y ambientales antes de finalizar su operación en la provincia”, señaló.

En relación al proyecto del presupuesto provincial para el próximo año, Marchioli advirtió sobre la falta de claridad y transparencia en áreas sensibles. “Los diputados radicales que integramos la Comisión de Hacienda estamos preocupados. La Corte de Justicia informó un incremento de casos de violencia de género e integridad sexual, pero no vemos reflejada una estrategia clara en el presupuesto para abordar estas problemáticas”, afirmó.

Marchioli también cuestionó el manejo de recursos en el ámbito educativo. “El Ministerio de Educación mantiene la misma cantidad de horas cátedra, lo que significa que la provincia no absorberá al sistema educativo de Valle Viejo. Esta falta de planificación perjudica a los estudiantes y al personal docente”, subrayó.

El diputado se refirió además al impacto de los impuestos incluidos en el presupuesto. “Este debería ser el momento para aliviar la carga fiscal, pero sucede lo contrario. Vemos un incremento en los impuestos a los alquileres y al automotor, lo cual afecta directamente a los ciudadanos”, puntualizó.

Marchioli concluyó instando al gobierno a priorizar la transparencia y la planificación estratégica en la gestión de los recursos públicos, asegurando que se protejan los derechos sociales y ambientales de los catamarqueños.