Los arzobispos y obispos a partir del primer día del nuevo año ya no recibirán una asignación mensual. Tampoco habrá otras ayudas menores.
Si bien el monto total es pequeño, la ayuda había suscitado críticas por provenir de un Estado no confesional.
La Iglesia católica ya no recibirá el aporte económico del Estado. La Conferencia Episcopal Argentina anunció oficialmente que el último día de 2023 concluyó el proceso que había iniciado hace cinco años con vistas a la renuncia a la asignación mensual que recibían los arzobispos y obispos de todo el país. A esto se sumará en los próximos meses la prescindencia de una contribución a los seminaristas diocesanos y el completo reemplazo de otra a los párrocos de frontera por una ayuda a la obra solidaria.
El monto del aporte no era significativo -un poco más de un centenar de prelados recibían unos 55 mil pesos mensuales e incluso era menor la ayuda a unos pocos seminaristas y párrocos de frontera- y significada el 7 % del presupuesto de la Iglesia. Pero suscitaba polémica porque implicaba una contribución permanente al sostenimiento de una religión determinada de un Estado no confesional y porque había sido dispuesto por una ley de la última dictadura.
Con el artículo 2 de la Constitución que establece que el gobierno federal sostiene al culto católico como marco, la ley 21.950, de 1979, estableció que los arzobispos y obispos ganaran de una asignación mensual equivalente al 80 % de la remuneración del juez nacional de primera instancia. Un año antes, la ley 21.540 estableció que los arzobispos y obispos que cesarán en sus funciones por razones de edad o invalidez percibirían una asignación equivalente al 70 %. Pero los montos hace años que no se actualizaban. Finalmente, un decreto de 1980 también dispuso una ayuda a párrocos de frontera y seminaristas diocesanos.
En 2018, durante el primer debate por la legalización del aborto que promovió el gobierno de Mauricio Macri, se alzaron voces pidiendo la “separación” entre la Iglesia católica y el Estado que, en los hechos, implicaba el cese del aporte económico. En un informe ante el Congreso, el entonces jefe de gabinete, Marcos Peña, expuso la situación a partir de una consulta de la diputada de Evolución, aliada a Cambiemos, Carla Carrizo.
Entonces, la Iglesia anunció el inicio de un proceso para renunciar al aporte que ya venía considerando y puso en marcha un plan para su completo autosostenimiento en base a la contribución de sus fieles. Dijo tras una reunión de la comisión permanente del Episcopado que se estaban estudiando propuestas “con el fin de ir resignando de manera gradual las asignaciones que reciben los obispos de parte del Estado nacional”.
A ello se sumó a fines de ese año una resolución de los ministerios de Relaciones Exteriores y Culto y de Educación que autoriza a toda religión reconocida por el Estado -o sea, la católica y las que figuran en el Registro Nacional de Cultos- a poder percibir de los padres de los alumnos de los colegios bajo su gestión un aporte para el sostenimiento de su culto.
Además, el año pasado la secretaría de Culto dispuso con carácter transitorio una asignación de 98 mil pesos para un puñado de arzobispos y obispos ancianos y con invalidez que se tramitará -según aclara la propia Conferencia Episcopal- de manera particular siguiendo una serie de requisitos.
La renuncia al aporte del Estado fue aprobada en un plenario de obispos en 2018 por abrumadora mayoría. “Esta renuncia es un gesto que hemos anunciado al Pueblo de Dios y a la sociedad en general ante los cuáles hemos empeñado la credibilidad de nuestra palabra”, decía a comienzos del año pasado una circular interna.
La renuncia formó parte de un largo debate interno -en rigor, hay una disposición interna de avanzar en el completo sostenimiento de la Iglesia que data de mediados de la década del ’90, entonces publicada por Clarín- cuya concreción contribuirá a la independencia del Estado que, en la Argentina, es como decir del gobierno de turno, justo cuando el pontífice es argentino.
