Una verdadera mafia china sustentada, en parte, por funcionarios de la Cancillería argentina y por una red de traficantes. Controles laxos que se dieron hasta ahora. Y una legislación bastante frágil en términos de política migratoria. Todo esto forma parte de la denominada “lista negra” de más de 50.000 ciudadanos de China que ingresaron por año ilegalmente a la Argentina en los últimos tiempos, según revelaron fuentes del Gobierno.
El tema preocupa al presidente Mauricio Macri al punto que la semana pasada viajó a Beijing el director de Migraciones Horacio García para abordar esta temática y en estos días irá a China el ministro del Interior, Rogelio Frigerio, para abordar este y otros temas de la relación bilateral. A la vez, en el Ministerio de Relaciones Exteriores se inició una profunda investigación donde ya hay funcionarios sumariados por la venta de más de 400 “visas truchas” argentinas a ciudadanos de diferentes regiones de China.
La Cancillería inició una “auditoría consular” para determinar la cantidad de visas truchas que se entregaron en los últimos años a ciudadanos chinos. Y ya hay un sumario en marcha a Sol Durini, la cónsul argentina en Antofagasta, Chile, y a un administrativo de esas oficinas, quienes habrían entregado unas 300 visas a ciudadanos chinos, entre junio de 2017 y julio de 2018.
La mayor parte de esas visas fueron otorgadas a chinos que provienen de la provincia de Fujian, que tienen facilidades de entrar a la Argentina por los acuerdos migratorios firmados con Beijing en el acercamiento bilateral iniciado en 2004.
El régimen actual de migración entre la Argentina y China es bien claro. Los chinos pueden ingresar al país por 90 días pagando como turistas una tasa migratoria de 50 dólares. Pero muchos se quedan de manera ilegal al vencerse los 90 días de estadía o consiguen visas falsas para extender el plazo de su permanencia en el país.
Según señalaron fuentes calificadas de la Cancillería, el caso cobró relevancia y ahora se investiga también el nivel de responsabilidades del director general de Asuntos Consulares, Luis María Sobron, por otros eventuales casos similares en consulados argentinos en Asia. “Hay que investigar toda la cadena de responsabilidades”, dijo un embajador que conoce el tema. Infobae intentó dialogar con Sobron pero no recibió respuesta.
El caso de la entrega de visas a chinos desde el consulado argentino en Antofagasta saltó por una investigación paralela que se hizo para monitorear la seguridad de la cumbre de presidentes del G20 que se realizará en Argentina a fines de noviembre.
Pero el tema del ingreso ilegal de chinos en Argentina no es nuevo. Desde 1998 que la justicia investiga en diversas causas. El ex juez Juan José Galeano ya había realizado una amplia investigación en la que descubrió un negocio de más de 300 millones de dólares para el ingreso ilegal de más de 25.000 chinos y en su momento el entonces embajador argentino en Tailandia Felipe Fridman denunció la existencia de una red de tráfico ilegal de ciudadanos chinos a la Argentina donde se triangulaban visas desde el consulado de Tailandia.
Sin embargo, el Gobierno decidió ahora poner un freno a este tema y está buscando firmar con las autoridades de Beijing un convenio para realizar un intercambio de información migratoria. Esto permitirá conocer la cantidad de chinos que salen para la Argentina y apuntar así a un programa de radicación masivo.
Por otra parte, se pudo saber que el director de Migraciones busca acordar con la administración de Xi Jinping una suerte de “amnistía general” por la situación de aquellos chinos que se encuentran en la denominada “lista negra” de inmigrantes ilegales con la intención de avanzar en su radicación y desterrar de una vez las mafias que están detrás de este oscuro entramado.
En la Casa Rosada dijeron que el gobierno chino calcula que más de 100.000 chinos salieron para la Argentina en los últimos dos años pero no todos ellos ingresaron de manera legal. Oficialmente se sabe que hay solo 50.000 radicados actualmente aunque esta es una cifra que en el Gobierno consideran “irrisoria” si se tiene en cuenta la cantidad de chinos que trabajan en la Argentina.
“La situación era muy laxa y con muchas irregularidades hasta ahora. Así no podemos seguir”, explicó un funcionario de la Casa Rosada que sigue de cerca el tema de la mafia china en la Argentina por el ingreso de ciudadanos ilegales.
A la vez, un funcionario del Gobierno destacó que “es necesario avanzar en un acuerdo binacional para radicar legalmente a los ciudadanos chinos que quieran vivir en la Argentina. Un horizonte legal que permita luchar contra el tráfico de personas. Si tenemos un marco legal para el futuro podemos solucionar el pasado. Sin una mirada legal al futuro solucionar el pasado beneficiaría a los traficantes de personas que tendrían el reaseguro para su actividad ilegal”.
En los últimos meses la Dirección de Migraciones sextuplicó los controles para determinar en supermercados, hoteles y comercios dónde se encuentran ciudadanos chinos de manera ilegal. Este trabajo se realizó en coordinación con el Ministerio de Seguridad.
Desde la cartera que dirige la ministra Patricia Bullrich dijeron que ven que existe cooperación de la policía de China para erradicar las mafias de traficantes de ilegales. De hecho, la Gendarmería estuvo haciendo cursos de capacitación en seguridad en Beijing y la policía china viajó varias veces a Buenos Aires para brindar cooperación.
Pero el problema radica en el mismo punto: hay un sistema generalizado de mafias que permiten el ingreso ilegal, una red que se beneficia económicamente con todo ello y acuerdos de cooperación migratoria que son muy frágiles.
