Se dispusieron ocho allanamientos en Andalgalá, tras lo que se secuestraron siete teléfonos celulares porque el restante habría sido “roto” por recomendación de un abogado.
En mayo pasado se conocieron las denuncias de varias jóvenes andalgalences, quienes habían tomado conocimiento a través de familiares y amigos de la existencia de un grupo “privado” en la red social Instagram, en donde se compartían imágenes y videos de ellas desnudas, sin el consentimiento de estas, llegando en algunos casos a identificarlas con nombre y apellido. Entre los integrantes del grupo, las víctimas identificaron a un efectivo de la Policía de la Provincia, al menos a un catequista y a otros vecinos del departamento.
Según informa Diario LA UNIÓN, las denuncias de las jóvenes desataron un escándalo en toda la provincia, que tuvo repercusiones nacionales, no solo por la gravedad del delito denunciado – “distribución de pornografía infantil”-, sino también por las personas que integraban el grupo en el que se compartían dichas imágenes.
Si bien la causa se había iniciado en la Fiscalía de Andalgalá, también se denunció en la Fiscalía General de esta Capital, donde un grupo de mujeres víctimas se constituyeron como querellantes en la causa.
En la jornada de ayer, a poco más de un mes y medio de denunciado el hecho, la causa tuvo un importante avance. Si bien todavía no hay por el hecho ninguna persona detenida o arrestada, la Justicia actuó sobre ocho sindicados.
