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El Procurador General de la Nación interino, Eduardo Casal, sancionó con una multa del 10 por ciento del sueldo al fiscal federal Enrique Senestrari por sus declaraciones públicas en las que manifestó su deseo de que caiga el gobierno del Presidente Mauricio Macri.
El 4 de junio de 2017, Senestrari participó del programa radial El Club de la Pluma que se emite por FM Inédita de la ciudad de Cosquín en la provincia de Córdoba. Durante la entrevista, el fiscal de Justicia Legítima se refirió al gobierno de Brasil sobre el cual sostuvo que era una democracia completamente vaciada, con un presidente que no había ganado elecciones sino que había accedido al cargo de manera ilegal. En ese momento el conductor del programa dijo a modo de pregunta: “y si cae Temer, que se lo lleve en la caída de una manito, de un abrazo, a Macri si es posible también”; a lo que Senestrari respondió “a Macri y a todos los políticos que están haciendo estas cosas”.
No conforme con esto, el fiscal agregó “ojalá la sociedad reaccione de una vez, no hablo de violencia ni nada, eh?… que exija mediante todos los medios pacíficos de queja y reclamo en las calles para pararlos… “
Tras las polémicas declaraciones de Senestrari, el Presidente del Colegio de Abogados de la Ciudad de Buenos Aires, Guillermo Lipera pidió que se instruyera un sumario y que se adoptaran las medidas que “tan gravísima conducta imponen”.
El 4 de julio de 2017, el ministro de Justicia, Germán Garavano le solicitó a la entonces Procuradora, Alejandra Gils Carbó que promoviera el proceso de remoción de Senestrari por sus expresiones. Además pidió que requiera la suspensión del fiscal ante el Tribunal de Enjuiciamiento. Fue recién en noviembre de 2017 que se dispuso el inicio de un sumario administrativo para dilucidar la responsabilidad del fiscal Senestrari. Con esa finalidad designaron instructor a Rafael Vehils Ruiz, fiscal general ante el Tribunal Oral en lo Criminal Federal de Catamarca.
El instructor concluyó que Senestrari había incurrido en una falta grave, obstaculizando el trámite del servicio de justicia a través de una infracción al deber de buena conducta. Consideró que “expresar opiniones tendientes a que un gobierno ‘caiga’, sea el gobierno de nuestro país o de otro, es plantear que los ciudadanos entren en un conflicto social que necesariamente va a perjudicar la paz social, la legalidad y el sistema democrático. El instructor Vehils Ruiz recomendó que se le aplique al fiscal una suspensión de 15 días y elevó el sumario al Procurador General.
El jefe de los fiscales, Eduardo Casal, remitió las actuaciones al Consejo Evaluador que con mayoría de cuatro de sus miembros opinó que Senestrari debía ser sancionado mientras que el restante se manifestó en contra. Sin embargo, consideraron que la falta no debía ser valorada con la gravedad con la que lo hizo el instructor y sostuvieron que una multa del 10 por ciento de la remuneración cumplía “suficientemente con el cometido sancionatorio”.
Luego Casal le pidió opinión sobre el tema a la Asesoría Jurídica de la Procuración. Este órgano asesor entendió que la infracción imputada al fiscal Enrique Senestrari encuadra en una lesión al deber de buena conducta que deben tener los magistrados dentro y fuera del ejercicio de sus funciones y estimó razonable como sanción una multa del 10 por ciento de su remuneración.
Por último, al analizar el caso, Casal destacó que las expresiones de Senestrari en el contexto en el que fueron producidas “generaron un mensaje y una imagen del magistrado que transgredieron las obligaciones de mesura, prudencia y autorestricción de algunas opiniones personales que es dable esperar de los miembros de este Ministerio Público”.
Una vez notificado de la sanción, el fiscal de Justicia Legítima Enrique Senestrari tiene 90 días para impugnar la medida por medio de una acción contra el Estado, o puede optar por interponer un recurso de reconsideración previsto por el Reglamento Disciplinario del Ministerio Público Fiscal, que debe ser presentado en el término de 10 días.
