Mientras el país miraba afligido el peor día de una pandemia gravísima, sin cura y sin vacuna, el gobernador Raúl Jalil y un grupo de legisladores resueltos a traicionar el mandato popular que los obliga a respetar las instituciones de nuestra Constitución decidieron entrar por asalto a la Legislatura provincial para violentar la democracia.
Al conjunto de la ciudadanía catamarqueña se la obligó a mantenerse encerrada en la fase más restrictiva de la emergencia sanitaria. Sin embargo se habilitó una impostura de debate en la Legislatura provincial para tejer un traje a medida: un Poder Judicial con mayoría automática del oficialismo, en todos sus niveles.
La gravedad institucional de este desvarío de un poder político cebado ante el temor de una sociedad enclaustrada es innegable.
Ninguna careta que invoque los supuestos beneficios de una reforma podrá ocultar los intereses evidentes del grupo gobernante puestos de manifiesto en esta maniobra.
El oficialismo salió de caño a quedarse con la Corte Suprema y cuanto juzgado ande disponible para ponerlo en mano de una facción resuelta a construir impunidades antes que respetar garantías.
¿Por qué tanta celeridad y atropello para quedarse con la Justicia? ¿A qué escenario futuro le temen? ¿Qué conductas del presente les afligen tanto para cercenar cualquier investigación futura?
Los argumentos constitucionales ni siquiera han asomado al debate. El mismo sector político que gobierna ya aumentó la cantidad de miembros de la Corte. Sólo la ambición de una mayoría automática explica este nuevo exceso.
La reforma constitucional de 1994, que fue resultado del último gran consenso político de los argentinos, prohijó instituciones como los consejos para designar magistrados que le quitaron esa prerrogativa feudal a los gobernantes de turno.
¿El mismo gobierno que se ufana de avanzar en la ampliación de derechos de pronto aparece seducido por la regresividad de las leyes?
El manoseo burdo y desprolijo de las normas que establecen el orden de relevos para intervenir en causas que lleguen a la Corte se inscribe en la misma vorágine de asalto a las instituciones.
¿Entre las urgencias de la pandemia, el Gobernador y sus asesores legales se han visto tan desbordados que tuvieron que recurrir al recorte y copia de normas de la vecina provincia de Tucumán? ¿Y qué encontraron allí? ¿Las leyes de Manzur y de Alperovich en lugar de los escritos de Alberdi?
El oficialismo provincial tiene una sola opción para subsanar este extravío: retroceder en el exceso, admitir el error del atropello, volver al seguro resguardo de nuestra Constitución.
Y le conviene hacerlo porque nadie sale inmune tras una degradación institucional. En especial aquellos que las provocan.
Es el modo más seguro de construir su descrédito, la desconfianza de la ciudadanía y el deterioro de su autoridad en un plazo que suele ser siempre más corto y menos generoso que las ambiciones humanas.
Ningún poder es eterno. Y una justicia de servilleta es la primera que lo traiciona.
Dr. Oscar Castillo, Dr. Rubén Manzi (CC-ARI), Orieta Vera(CC-ARI), Gustavo Jalile, Dr. Horacio Pernasetti, Dra. Marisa Noblega, Prof. Alejandro Paez, Geo. Alfredo Marchioli, Dra. Marita Colombo, Dr. Roberto Gomez, Prof. Víctor Luna, Juana Fernández, Dr. Luis Lobo Vergara, Prof. Rubén Herrera, Prof. Genaro Contreras, Tiago Puentes, Dr. José Antonio Sosa, Alejandra pons, Marita Vergara FME, Natalia Herrera, Dr. Luis Fadel, Ariel Cordero,Carolina Vergara, Daniel Andrada, Dr. Mariano Manzi, Silvia Romero, Lucia Garin de Tula, Fernando Lafratti, Griselda Sosa, Daniel Barrionuevo, Clara Oliva, Clarinda del Carmen Rasgido, Raul Vargas, Graciela Viale, Erika Ruth Julio, Flores Rosa Angélica, Prof. Claudia Vera, Ursula Diaz, Dante Espinoza, Adrián Bulacio, Carlos Alberto Villafañe, Pamela Leguizamon
