La medida generó polémica porque no contaban con la autorización para funcionar, pero fueron una herramienta de recaudación para algunos municipios ya que cobraban multas a los conductores, quienes no eran advertidos sobre esta tecnología en la ruta.
“Los radares los sacó la Municipalidad debido a la presión a partir de las intimaciones que realizó la Agencia Nacional de Seguridad Vial. El radar producía un daño económico a un montón de usuarios y dejó un daño económico a las próximas gestiones municipales por la catarata de juicios que tendrá que enfrentar el municipio”, dijo el concejal Juan José Ponce (FV) en declaraciones a Radio Ancasti.
El edil recordó que, además de las intimaciones de la Agencia de Seguridad Vial, existe una denuncia que realizó Vialidad Nacional.
“Todas las actuaciones que realizó la Municipalidad son ilegales y las consecuencias para el erario municipal son incalculables”, señaló en alusión a las multas que se cobraron desde el municipio.
