Los cambios apuntan a la actividad pesquera. El ministro del Interior, Guillermo Francos, estuvo reunido ayer con el gobernador de Chubut Ignacio Torres, y el intendente de Mar del Plata, Guillermo Montenegro.
El Gobierno hizo ayer la primera concesión de la ley Ómnibus, a partir del reclamo de cinco gobernadores patagónicos y un intendente bonaerense de Pro y el PJ, que habían puesto el grito en el cielo por los artículos que buscaban liberar la actividad pesquera en el Mar Argentino.
Ignacio Torres y Guillermo Montenegro, gobernador y el intendente de los distritos portuarios de Chubut y General Pueyrredón, llevaron sus preocupaciones -y las de los empresarios del sector- al despacho del ministro del Interior de Javier Milei, Guillermo Francos, que se comprometió a introducir una serie de aclaraciones sobre los puntos que los inquietaban, vinculados a la descarga en puertos argentinos y la generación de empleo local; el mantenimiento de la Zona Exclusiva; y la competencia por los cupos de pesca con empresas extranjeras. Además, el funcionario se comprometió a crear una mesa nacional para debatir a fondo estos y otros temas.
En el Gobierno ya habían tomado nota y conversado en privado con varios de ellos sobre los reclamos, por lo que la reunión sólo se extendió por unos cuarenta minutos. El ex titular del Banco Central, Federico Sturzenegger, autor del proyecto, estaba al tanto de los pedidos, y había decidido a acceder a eventuales modificaciones “aclaratorias”, a través del debate en el Congreso, como había adelantado esta mañana el secretario de Comunicación, Eduardo Serenellini.
Torres, representante coyuntural de los otros gobernadores, se reunió esta mañana con los empresarios pesqueros en la Casa de Chubut, para definir los cambios sobre el Régimen Federal de Pesca que querían frenar: la eliminación de la obligatoriedad de descarga en puertos argentinos, con el fundamento de que acotaría la generación de empleo en suelo argentino; el reemplazo del actual sistema de asignación de cupos de captura por uno de licitaciones con menos exigencias, que complicaría las posibilidades de competir de las compañías nacionales; y la eliminación de la obligatoriedad de contratar personal de nacionalidad argentina (actualmente se establece que el 75% del personal embarcado debe ser de nacionalidad argentina con diez años de residencia).
Francos se comprometió a revisar los artículos que alarmaron a las cámaras pesqueras, aunque aclaró que el fondo de la ley no se cambiará. Según el funcionario, hubo una interpretación errónea de parte de los gobernadores de las reformas planteadas por el proyecto, que comenzará a ser debatido la próxima semana en el Congreso. “El espíritu es muy claro y se había creado una confusión sobre el sentido de las 200 millas, que son para la pesca nacional”, deslizó durante una mini conferencia de prensa junto a Torres y Montenegro en el Patio de Palmeras al finalizar el encuentro.
No dio detalles en profundidad sobre cuáles serán las aclaraciones para volver al régimen anterior, ni cuáles son los puntos que se mantendrán en pie. Pero enfatizó en la voluntad de introducir clarificaciones en los artículos de la ley Ómnibus que habían generado preocupación en el sector pesquero y en las provincias patagónicas.
Es que la redacción del artículo 245 de la ley implicaba, de acuerdo a la lectura de los pesqueros, el fin de la Zona Económica Exclusiva. “Para el otorgamiento de los permisos de pesca, la autoridad de aplicación solo podrá verificar los requisitos técnicos y de seguridad de los buques. Los permisos no podrán tener un tratamiento diferencial por el origen de los buques, su antigüedad o la mano de obra que empleen; ni por las características de las empresas titulares de los buques”, planteaba el proyecto del Ejecutivo.
