El próximo martes, a las 13.30, se reúne la Comisión de Salud de la Cámara de Diputados para emitir dictamen sobre un proyecto de ley de vacunación que prevé su gratuidad y obligatoriedad no solo para los chicos, sino en todas las etapas de la vida. Además, otorga al Estado la potestad de verificar su cumplimiento (y eventualmente realizarla en forma compulsiva, previo fallo judicial) al ingreso escolar, en las universidades públicas y privadas, al gestionar documentos como el DNI, el pasaporte, el carnet de conducir, el certificado de supervivencia y de residencia, y al hacerse exámenes prelaborales y periódicos de trabajo.
El proyecto, presentado por el Diputado por Tucumán Pablo Yedlin, de Argentina Federal, ya fue aprobado por los asesores de la comisión y tiene consenso de todo el arco político. “Va a tener dictamen, porque trabajamos con representantes del Frente para la Victoria, de Cambiemos, del PRO, del radicalismo -asegura Yedlin, pediatra, miembro de la Comisión Nacional de Inmunizaciones y vicepresidente de la Comisión de Salud-. También con el ministro Adolfo Rubinstein, y con toda el área técnica del ministerio. Hay acuerdo general.” La iniciativa cuenta con el respaldo de la Sociedad Argentina de Pediatría, la Sociedad Argentina de Vacunología y Epidemiología (SAVE), la Sociedad de Medicina, la OPS, Unicef y la Fundación Huésped.
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“La idea es actualizar la ley existente, que data de 1983 -afirma el legislador-, generar una herramienta para la política pública de control de las enfermedades prevenibles por vacunas, facilitar la gestión y logística del programa de inmunizaciones, y eliminar el pago de impuestos a estos insumos prioritarios para la salud pública”.
La norma establece la gratuidad de las vacunas y el acceso a los servicios de vacunación en todas las edades, declara a la vacunación como de interés nacional (incluyendo la investigación, la vigilancia epidemiológica, la toma de decisiones basadas en la evidencia, y también su producción, y las medidas tendientes a fomentar la vacunación y fortalecer la vigilancia de su seguridad). Además, dispone que el Estado Nacional debe asegurar las partidas de presupuesto necesarias para su cumplimiento, y prescribe la intangibilidad de esas partidas.
“Hoy en el país se atienden cuatro millones de personas en el sector privado, 22 millones a través de la seguridad social y 15 millones en el sector público -destaca Yedlin-. Una de las grandes ventajas de nuestro programa es que todos reciben las mismas vacunas, y no hay que discriminar por obra social o capacidad de pago. Eso es lo que no puede estar en riesgo y lo que esta ley intenta garantizar. Si el sistema se descentralizara, de modo que cada provincia tuviera que hacerse cargo de su propio programa de vacunación, sería un caos”.
En las últimas cuatro décadas, las vacunas pasaron de ser una protección para los más chicos a prevenir enfermedades de toda la familia y en las distintas etapas. En el continente americano, se pasó de aplicar seis a 15 vacunas. En 1977, un chico recibía diez dosis vs. 20 en la actualidad. De cinco dólares invertidos en la vacunación de cada chico, se pasó a casi 70. De 27 millones de dosis en 2003, se pasó a aplicar 40 millones en 2014.
Por supuesto la logística y gestión de cada operativo son un desafío mayúsculo. Desde que en 2000 el país se incorporó al fondo rotatorio de la OPS, un sistema de compra internacional, se aseguró que los grandes montos involucrados en la compra de vacunas estén auditados de forma absolutamente transparente.
“Se compran vacunas precalificadas y la OPS tiene un cláusula que solo permite pagar el precio más bajo”, aclara Carla Vizzotti, presidenta de la SAVE.
A la Argentina llegan en promedio 92 embarques anuales de inmunizaciones desde distintos países, pero el marco legal al que están sujetas las vacunas en la actualidad es el mismo que rige para la ropa o los aparatos de TV de plasma, aclara Vizzotti. Pagan los mismos impuestos y, si se tarda en sacarlas de la aduana, hay que pagar multas por almacenamiento y se corre el riesgo de que venzan. Por eso, esta nueva norma dispone la exención de impuestos para todas las vacunas que incluya el calendario nacional.
“Nuestras coberturas de vacunación son buenas, pero no están mejorando en los últimos años. No podemos quedarnos tranquilos –dice Yedlin–. Hay siempre un grupo de pacientes que no se vacunan. Si se tienen altas coberturas, más del 95%, se genera el efecto rebaño. Por eso las vacunas son obligatorias: no me vacuno solo por mí, sino también por vos. Todo eso es lo que pretende asegurar esta ley. Ya hubo otros dos proyectos que perdieron estado parlamentario. Esperamos que éste finalmente se sancione.”