Ávila exige una comisión investigadora ante denuncias de estafas masivas en la provincia

El legislador presentó un pedido de sesión especial para crear una comisión que investigue casos de despojos de tierras y posibles complicidades dentro del Estado.

En diálogo con FM Valle Viejo, el diputado provincial Hugo Ávila (FAC) solicitó la creación de una comisión especial de seguimiento legislativo para investigar las múltiples denuncias de estafas, usurpaciones de tierras y presuntas complicidades de funcionarios públicos y judiciales en la provincia de Catamarca.

Ávila presentó formalmente el pedido para que se convoque a una sesión especial de la Cámara de Diputados, amparándose en el artículo 51 del reglamento interno, con el objetivo de constituir una comisión que investigue estos hechos. “Es necesario actuar con urgencia. Ya reunimos 14 firmas, que representan un tercio de la Cámara, y el reglamento establece que la Presidencia debe fijar fecha y hora de sesión en un plazo máximo de 10 días”, explicó.

El legislador expresó su preocupación por la proliferación de denuncias sobre despojos de tierras, en muchos casos con intervención o negligencia de organismos del Estado. “Esto que hoy estalla en los medios es solo la punta del iceberg. Hay empresarios, empleados, abogados y funcionarios involucrados. Se habla de usurpaciones en la capital y, sobre todo, en el interior de la provincia, donde se trata de cientos o miles de hectáreas”, advirtió.

Ávila mencionó como caso emblemático el del ciudadano Juan Manuel Baracat, quien denunció la usurpación de 750 hectáreas sin haber sido notificado de proceso judicial alguno. “Le intimaron a desalojar el campo en cinco días, pero nunca fue informado sobre una causa en su contra. Así no se puede hablar de justicia”, cuestionó.

También señaló irregularidades en expropiaciones durante la gestión anterior. “Se expropiaron tierras sin indemnizar a los legítimos dueños. En Fiambalá, por ejemplo, se le quitaron 600 hectáreas a Pedro Sánchez y se entregaron al Instituto Ixillín, que a su vez le dio 600 mil dólares a la intendenta Roxana Paulón para un frigorífico que nunca se construyó. ¿Dónde está ese dinero?”, se preguntó el legislador.

El diputado insistió en que la comisión podrá receptar denuncias de ciudadanos afectados, hacer un seguimiento del accionar de la justicia y exigir explicaciones a organismos como el Tribunal de Cuentas. “No buscamos interferir en otro poder, pero sí ejercer nuestras facultades como legisladores. El Poder Judicial no puede quedar al margen de un seguimiento si hay un pedido de jury en curso y si ha habido reiteradas denuncias que nunca fueron atendidas”, sostuvo.

Consultado sobre el respaldo político a su iniciativa, Ávila indicó que ya cuenta con las firmas necesarias para solicitar la sesión especial, aunque subrayó que será el oficialismo, que ostenta la mayoría en la Cámara, quien deberá definir si se avanza. “Veremos si hay voluntad política para dar quórum y acompañar. La ciudadanía estará observando. Este tema no puede ser minimizado”, concluyó.

La propuesta de Ávila revive antecedentes como la comisión investigadora que se conformó años atrás para indagar el destino de alimentos del Ministerio de Desarrollo Social que terminaron en un criadero de cerdos. Esta vez, el diputado propone que todos los poderes del Estado participen activamente en la investigación, incluyendo al Tribunal de Cuentas.

“Estamos hablando de un problema gravísimo, que vulnera derechos constitucionales básicos como el derecho a la propiedad privada. No podemos mirar para otro lado”, finalizó Ávila.