La decisión dejó sin efecto la creación de un fondo especial para asistencia y reconstrucción de las zonas afectadas por el temporal en Bahía Blanca.
Este martes, el Gobierno de Javier Milei vetó en su totalidad la ley 27.790, que declaraba la emergencia y catástrofe en la provincia de Buenos Aires, con especial foco en Bahía Blanca y Coronel Rosales, afectadas por el temporal que provocó graves inundaciones marzo de 2025.
De esta forma, el Ejecutivo devuelve el proyecto de ley al Congreso de la Nación y deja sin efecto la creación de un fondo especial de $200.000 millones para asistencia y reconstrucción. La medida quedó oficializada a través del Decreto 424/2025, publicado esta madrugada en el Boletín Oficial.
Esta decisión, que lleva la firma del presidente Javier Milei, el jefe de Gabinete, Guillermo Francos, y la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, tiene un impacto directo en los habitantes de las zonas afectadas, quienes esperaban la instrumentación de medidas de alivio económico, suspensión de obligaciones contractuales y acceso a créditos blandos para la reconstrucción de viviendas y apoyo a sectores productivos.
La iniciativa, que fue sancionada por el Congreso el 4 de junio de 2025, que buscaba declarar la emergencia por 180 días, establecía la creación de un fondo especial bajo la órbita de la Jefatura de Gabinete, que otorgaba plazos de gracia en contratos y ejecuciones para damnificados.
En ese sentido, la medida priorizaba la contratación de recursos locales en obras de infraestructura y líneas de crédito preferenciales a través del Banco Nación. Además, contemplaba la articulación con el Gobierno bonaerense para eximir de impuestos y tasas a los afectados.
En la disposición, el Ejecutivo argumentó que esta decisión fue tomada dado que las medidas propuestas por el proyecto de ley ya habían sido implementadas mediante del Decreto 238/25, dictado luego del temporal del 7 de marzo en Bahía Blanca.
Según el documento, se creó un fondo especial de $200.000 millones, gestionado por el Ministerio de Seguridad, y un régimen de subsidios denominado “Suplemento Único para la Reconstrucción (S.U.R.)”, destinado a los residentes de viviendas afectadas.
En esa línea, el Ejecutivo informó que “el 85,43% del total de inscriptos para recibir el S.U.R. ya han recibido el pago correspondiente”, mientras que “los casos bajo análisis representan el 10,55% y los rechazos únicamente el 4,01%”.