La diputada provincial Silvana Carrizo soostiene que hay contradicciones en la convocatoria al Concurso Nº 2 de Supervisores, que fue puesta a consideración de los docentes, al que calificó como un proceso “restrictivo, improvisado e incompleto”, que excluye a miles de docentes con trayectoria.
El Gobierno provincial intenta mostrar la convocatoria al Concurso Nº 2 de Supervisores como un gesto de “jerarquización de la carrera docente” y de “profesionalización del sistema educativo”. Sin embargo, para la diputada Silvana Carrizo, el decreto que lo habilitaría exhibe profundas contradicciones y serias irregularidades”.
Carrizo señaló que el jueves pasado las escuelas recibieron una notificación para analizar el decreto y enviar “sugerencias” en apenas 24 horas, lo que consideró un “diálogo ficticio característico de este gobierno, donde las opiniones nunca son escuchadas”.
“Después de muchos años sin concursos de ascenso, ahora la convocatoria limita la participación a quienes hoy ocupan cargos de gestión, dejando afuera a miles de docentes con trayectoria y mérito”, advirtió. Según la legisladora, el Estado primero bloqueó el derecho a concursar durante décadas y “ahora castiga a quienes permanecieron en cargos base, incluso hasta porque económicamente no les resultaba conveniente”.
La diputada también cuestionó los requisitos burocráticos y condiciones arbitrarias exigidas. “Se pide un proyecto de gestión a 4 años, pero no se dice qué ocurre con el cargo de origen, qué pasa si las metas no se cumplen o si existe posibilidad de revalidar. Esto genera inseguridad jurídica y laboral”, enfatizó.
En cuanto a la transparencia, Carrizo remarcó que el borrador del decreto menciona un Anexo II con los cargos vacantes que nunca fue notificado, lo que deja en manos del Ejecutivo la definición de vacancias. “El orden de mérito, lejos de garantizar igualdad, otorga ventaja a los equipos técnicos y de supervisión que, acumulan certificaciones y antecedentes inaccesibles para los docentes de aula”, denunció.
Asimismo, advirtió que la conformación de los tribunales “carece de garantías suficientes de imparcialidad” y que la falta de mecanismos claros de recusación “abre la puerta a la judicialización”.
Otro de los puntos cuestionados por Carrizo fue la injerencia del Ministerio de Trabajo en un ámbito regulado exclusivamente por el Estatuto Docente y la normativa educativa. “Lo que debería ser un instrumento de jerarquización y fortalecimiento del sistema se convierte en un procedimiento restrictivo, tardío y oportunista”, afirmó.
Para la diputada, el discurso oficial habla de “profesionalización”, pero “los hechos muestran un mecanismo de cooptación política sobre los cargos de supervisión”.
Por último, Carrizo exigió que se respete el Estatuto Docente, se publiquen de manera clara los cargos a concursar, se garantice igualdad real en el acceso al orden de mérito y se termine con la utilización política del concurso. “Un concurso docente debe ser transparente, participativo y con reglas claras. No puede transformarse en un instrumento de exclusión ni en una herramienta de manipulación. Está en juego la calidad educativa y la dignidad de la docencia catamarqueña, nos ponemos a disposición para analizar, realizar las observaciones, escuchar a los docentes, para que la normativa realmente exprese la realidad y no la conveniencia política”, concluyó.
