La presidenta del Partido Intransigente (PI) y diputada provincial (MC), Lic. Adriana Díaz, manifestó el rechazo de esa fuerza política al proyecto de reforma de la Ley Nacional de Glaciares (N.º 26.639) impulsado por el Ejecutivo nacional. El PI calificó la iniciativa como un intento de desmantelar la protección de las reservas estratégicas de agua más importantes del país.
“Estamos ante un imperativo ético y constitucional. Defender la vigencia de la actual Ley de Glaciares no es ir en contra del desarrollo, es defender el agua, el patrimonio más valioso que tenemos “, afirmó Díaz, subrayando que la modificación de la ley busca reducir la protección ambiental bajo una “falsa promesa de autonomía provincial”.
La referente del Partido Intransigente detalló los motivos que fundamentan la postura de su sector político. Díaz explicó que la reforma vulnera el principio de progresividad, que prohíbe retroceder en los niveles de protección ya alcanzados. “No es autonomía, es desprotección. Reducir la definición de glaciar o ambiente periglacial solo para facilitar la explotación minera es un riesgo directo para la supervivencia presente y futura”, señaló.
Asimismo, recordó que, según organismos científicos como el IANIGLA, los glaciares aportan caudales críticos para los ríos andinos en años de sequía. Sin esta protección, se vería comprometido no solo el consumo humano, sino también la agricultura y otras actividades productivas esenciales para la región.
A su vez, advirtió que una modificación de este maturaleza viola tratados internacionales como el Acuerdo de París y opiniones consultivas de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH). “La ley vigente ya permite la actividad productiva fuera de las zonas protegidas. Cambiarla afectará la previsibilidad que el propio sector inversor reclama”, indicó.
Díaz se refirió al “federalismo ambiental” recordando que la Constitución Nacional (Art. 41) establece un “piso” de protección que las provincias deben complementar, no perforar. “Nuestra autonomía se ejerce gestionando sustentablemente lo que nos pertenece, no permitiendo que se degraden los presupuestos mínimos que aseguran la vida”.
Llamado a la responsabilidad
Finalmente, el Partido intransigente instó a los senadores nacionales a defender la normativa vigente. “Una minería realmente responsable es posible dentro del marco de la ley actual. El desafío no es modificar la ley, sino disponer de los recursos necesarios para su correcta implementación y monitoreo”.
“La Constitución de Catamarca, en su artículo 59, nos manda a ejercer una protección especial sobre los recursos que garantizan la vida. La reforma que se pretende votar es un retroceso inaceptable en materia de derechos humanos”, concluyen.
